El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó que la actuación policial durante la marcha del 15 de noviembre haya constituido un acto de represión. Aseguró que los agentes respondieron únicamente después de que un grupo de manifestantes derribó vallas y lanzó objetos contra los uniformados.
Pese a ello, admitió que pudo haber habido “excesos”, aunque los justificó al afirmar que la Fiscalía investigará lo ocurrido. Señaló que más de un centenar de policías resultaron heridos durante los enfrentamientos, pero —dijo— han sido ignorados en la discusión pública. También acusó la presencia de presuntos infiltrados cuyo objetivo habría sido provocar choques en la Plaza de la Constitución.
En paralelo, el Poder Judicial avanzó en los procesos contra los detenidos por los hechos violentos durante la manifestación de la llamada Generación Z. Un juez de control vinculó a proceso por tentativa de homicidio agravado a tres de los 18 imputados: Fernando N., Francisco N. y Gabriel N. La decisión se tomó durante una audiencia que inició el martes 18 de noviembre y concluyó en la madrugada del miércoles.
Los tres permanecen bajo prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte, informaron fuentes ministeriales. En la misma sesión, el juzgador reclasificó los delitos de cinco detenidos a resistencia de particulares, lo que les permitirá enfrentar el proceso en libertad, bajo la obligación de firmar de manera mensual.
