El presunto abuso que sufrió una niña de apenas nueve años, a manos de un militar, ha indignado a los habitantes de Isla Cozumel, quienes exigen justicia para la menor y castigo para el responsable.
Las primeras versiones apuntan a que la niña acostumbraba a vender frituras cerca de las instalaciones militares cuando, una tarde, fue abordada por un elemento en activo e ingresada al cuartel con engaños. Lo que sucedió después enfureció a toda una comunidad: la menor fue agredida y presuntamente abusada dentro del complejo castrense.
El caso no tardó en hacerse público. Los vecinos acudieron en masa al cuartel, y la tensión derivó en múltiples disturbios que comenzaron con un careo con los uniformados y terminaron con el incendio de las casetas de vigilancia. Todo por un clamor común: que no hubiera impunidad.
De acuerdo con testimonios recabados por medios locales, basados en entrevistas con la propia familia, el día en que la menor fue agredida, se encontraba justo a un costado de las instalaciones, lugar donde habría sido interceptada por un hombre en motocicleta quien, más tarde, se supo que responde al nombre de Jairo “N”. Con total naturalidad, el militar y la niña lograron pasar la pluma de vigilancia e ingresar hasta la habitación donde vive. Ahí, le habría presentado a otras tres menores: una también de nueve años y dos adolescentes. Todas, según dijo, eran sus hijas. Y ahí, comenzaron los tocamientos inapropiados.
Según las primeras declaraciones de la víctima, el hombre ordenó a las demás que la trataran bien, sin embargo, la habría amenazado con matar a su madre si gritaba. Y es que lo peor estaba por venir. La niña relata que el militar la llevó hacia una zona boscosa ubicada dentro del mismo complejo, donde continuaron los abusos. Finalmente, Jairo “N” la sacó del complejo en un vehículo para después arrojarla del mismo en movimiento. Aterrorizada, con golpes y raspones en su cuerpo, corrió a pedir ayuda a las personas que circulaban en la zona. Los padres de la menor añadieron que, una vez que le brindaron ayuda, ellos la encontraron con la ropa rota y llena de raspones.
La noticia se regó y explotó como pólvora en toda la isla, y en cuestión de horas, ya había multitudes enardecidas buscando respuestas. Tomaron palos, piedras, botellas y otros objetos para arrojarlos afuera del cuartel militar. Exigían justicia y la entrega inmediata del responsable. La tensión escaló aún más cuando algunos manifestantes saquearon la tienda de la Sedena ubicada a unos metros de la base.
Ante la creciente hostilidad, el general brigadier Armando Toscano Yáñez, encargado de la guarnición, intentó mediar con los manifestantes; sin embargo, nada fue suficiente para regresar la calma.
La presión mediática y social derivó en el arresto del militar en activo Jairo “N”, quien fue capturado y puesto a disposición del Ministerio Público. No obstante, fue hasta cuatro días después de la supuesta agresión que la gobernadora se pronunció brevemente en redes sociales asegurando que “de manera puntual su administración había estado dando seguimiento a los hechos denunciados el domingo en agravio de una menor” y textualmente señaló:
“Como resultado de las investigaciones, unas horas después de estos atroces hechos, el probable responsable fue detenido en colaboración con las autoridades militares, y se le cumplimentó la orden de aprehensión por los delitos de abuso sexual, privación ilegal de la libertad y lesiones”.
En el mismo mensaje, la mandataria reveló que será el próximo 7 de septiembre cuando un juez de Control en Cozumel resuelva su situación jurídica, esperando que sea vinculado a proceso.
En paralelo, el gobierno local ofreció a la familia de la niña uniformes y útiles escolares para que pudiera asistir a clases y no tuviera necesidad de trabajar. Sin embargo, la indignación volvió con más fuerza luego de que el presidente municipal, José Luis Chacón, ofreciera diversas entrevistas responsabilizando a los padres de familia por haber permitido que su hija estuviera sola.
Mientras avanzan las investigaciones y los ciudadanos exigen justicia, la Fiscalía ha declarado que mantendrá la acusación de abuso sexual. En tanto, los padres de la víctima han alzado la voz contra la revictimización de su hija. Además, denunciaron sentirse hostigados por parte de las autoridades, por lo que responsabilizaron públicamente a la milicia, a la Fiscalía y al presidente municipal por cualquier cosa que pudiera sucederles.
La protesta que derivó en disturbios, las palabras del alcalde y el señalamiento directo contra un militar en activo han colocado a las instituciones castrenses y civiles, una vez más, bajo un intenso escrutinio. Asimismo, el caso exhibe también la vulnerabilidad de la niñez trabajadora en la región, pues la víctima se encontraba vendiendo frituras para poder apoyar a sus padres en su educación.
