La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que tres servidores públicos fueron suspendidos de sus funciones por presuntas irregularidades en la investigación del caso de una joven que acudió a una entrevista de trabajo en un edificio de la alcaldía Benito Juárez y posteriormente fue localizada sin vida en el sótano del inmueble.
De acuerdo con la información oficial, la madre de la víctima presentó la denuncia por desaparición durante la madrugada del 16 de abril, específicamente a las 04:25 horas. En ese momento, proporcionó como último punto conocido el domicilio ubicado en Avenida Revolución 829, lugar al que su hija se dirigiría para la supuesta entrevista laboral. Sin embargo, este dato no fue incorporado de manera correcta en las primeras instrucciones emitidas a la Policía de Investigación.
Las autoridades señalaron que, tras el cambio de turno a las 09:00 horas, no se dio seguimiento oportuno a esa información clave. Como resultado, la intervención en el inmueble se retrasó considerablemente. Fue hasta las 20:30 horas del mismo 16 de abril cuando se realizó la primera solicitud formal para ingresar al edificio y revisar las cámaras de seguridad, aunque en ese momento no se pudo concretar el acceso debido a que el personal de vigilancia indicó que era necesaria la autorización de la administración.
La autorización para ingresar se obtuvo hasta la madrugada, lo que implicó una demora de aproximadamente 15 horas desde que se contaba con el dato del domicilio sin que se hubiera acudido al lugar. La propia Fiscalía reconoció esta dilación como una falla grave en el procedimiento, la cual será sancionada conforme avancen las investigaciones.
Ante estos hechos, la Unidad de Asuntos Internos inició una indagatoria que derivó en la suspensión de tres funcionarios mientras se determina su nivel de responsabilidad. Entre ellos se encuentra un agente del Ministerio Público que no habría ordenado acudir de inmediato al último sitio donde fue vista la joven, un policía de investigación señalado por la familia de solicitar dinero para agilizar la búsqueda y el agente encargado del turno en el que se emitió el boletín de desaparición, quien tampoco habría considerado el domicilio proporcionado.
Al respecto, Bertha Alcalde Luján reconoció la gravedad de lo ocurrido y señaló que este tipo de actuaciones afectan la confianza en la institución. Indicó que, aunque se trata de fallas individuales, no representan el trabajo general que realiza la Fiscalía, la cual, aseguró, se encuentra en un proceso de transformación.
La fiscal afirmó que el caso ha generado indignación al interior de la dependencia y reiteró que no habrá tolerancia ante conductas indebidas por parte de servidores públicos, especialmente en situaciones que involucran la desaparición de personas. Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer tanto las responsabilidades administrativas como los posibles delitos relacionados con el caso.
