La secretaría de Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia fueron los encargados de realizar este protocolo, con el que todas las autoridades de gobierno tendrán la obligación de respetar, promover y garantizar los derechos de los menores. También se deberá investigar si reciben alguna violación a sus derechos y castigar a los responsables.
Tiene como objetivo que se brinden los elementos para que el personal de Gobierno genere acciones y servicios correspondientes en estos casos. Además que tendrán la obligación de determinar los elementos necesarios para identificar y reconocer a los menores en orfandad.
Las Instituciones encargadas de asegurar que se lleve a cabo este reglamento serán la Procuraduría de protección de niños y adolescentes, la Procuraduría General de Justicia, la Fiscalía General de Justicia, los Ministerios Públicos, las Secretarías de Seguridad, entre otros establecimientos de Gobierno.
El documento establece que los hijos en orfandad por feminicidio tengan derechos como:
-Derecho evolutivo de la personalidad
-Derecho a la vida y supervivencia
-Derecho al acceso a una vida libre de violencia
-Derecho a la integración
-Derecho a la igualdad y no discriminación
-Derecho a vivir en familia
El protocolo menciona que se deberá establecer otros tipos de familia para el cuidado de estos menores.
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales a nivel federal y local dispondrán lo conducente a efecto de que los niños niñas y adolescentes vean restituido su derecho a vivir en familia y recibir protección de quienes ejercen la patria potestad o custodia. El Estado debe garantizar esta realidad, que no necesariamente coincide con la restitución del derecho a una familia definida como tradicional."
Incluso el Gobierno tendrá que tomar medidas para ayudar a los niños y adolescentes que tengan doble o más vulnerabilidad de acuerdo a sus situaciones económicas, sociales, sexuales, étnicas y psicológicas particulares. El protocolo instaura un pago por gastos funerarios de la madre de los menores además de una terapia psicológica para ellos.
Estas medidas se suman al vigente Protocolo de Atención Integral para Niños, Niñas, y Adolescentes Víctimas de Delito y en Condición de Vulnerabilidad que se publicó en julio del año pasado.
