La colocación de la primera piedra de la planta de metanol impulsada por la empresa Mexinol en Topolobampo, Sinaloa, terminó en confrontación luego de que comunidades indígenas, pescadores y activistas irrumpieran en el evento oficial para manifestar su rechazo al proyecto.
Lo que estaba previsto como un acto protocolario encabezado por autoridades estatales se transformó en una protesta directa. Los inconformes ingresaron al lugar, lanzaron consignas y obligaron a suspender la ceremonia. En medio de la tensión, la piedra simbólica colocada como inicio de obra fue derribada, evidenciando el nivel de rechazo hacia la iniciativa industrial.
El movimiento de oposición está integrado principalmente por integrantes de comunidades yoreme-mayo, quienes argumentan que la instalación de la planta representa un riesgo ambiental significativo para la bahía de Ohuira. Entre sus principales preocupaciones destacan posibles afectaciones a manglares, zonas de pesca y al equilibrio del ecosistema en una región que depende en gran medida de estas actividades.
A la par, los manifestantes denunciaron la falta de una consulta previa, libre e informada, como lo establecen los derechos de los pueblos indígenas en México. Esta omisión, señalan, vulnera sus garantías y pone en duda la legitimidad del proyecto, que ha sido promovido como una de las inversiones industriales más importantes en la región.
Tras la irrupción, el evento fue suspendido y autoridades, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, sostuvieron acercamientos con los inconformes. Como resultado, se planteó la posibilidad de realizar una consulta indígena antes de continuar con el proyecto, e incluso se dejó abierta la puerta a modificaciones o a un eventual freno en su avance.
La planta de Mexinol forma parte de un plan de desarrollo industrial en Topolobampo y representa una inversión de miles de millones de dólares. Sin embargo, su ubicación en una zona de alta relevancia ambiental y social ha convertido el proyecto en un punto de choque entre crecimiento económico, protección del entorno y derechos de las comunidades.
Lo ocurrido no solo detuvo un acto simbólico, sino que evidenció un conflicto de fondo que podría definir el futuro de uno de los proyectos industriales más ambiciosos en Sinaloa.
