Ernesto Fonseca Carrillo —el viejo “Don Neto”, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara— está de regreso con una exigencia directa al Estado Mexicano. Reapareció en los tribunales para exigir al gobierno federal que le devuelva el dinero y los bienes que le fueron confiscados cuando cayó preso, en 1985.

Han pasado cuatro décadas desde aquella mañana de abril en que fue detenido en una residencia de Puerto Vallarta. Entonces tenía 55 años y la policía mexicana lo presentaba como uno de los tres hombres más buscados del continente. Hoy, a sys 95, su voz ya no retumba en interrogatorios ni se filtra en grabaciones clandestinas; aparece en un documento judicial escrito que en una frase sintetiza su propósito: “devuélvanme lo que es mío”.

La demanda de amparo que presentó en abril pasado busca que la Fiscalía General de la República levante los aseguramientos dictados hace cuarenta años sobre sus cuentas bancarias y propiedades. También solicita que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores supervise a los bancos para calcular con exactitud el monto que, según su defensa, aún permanece congelado desde la década de los ochenta.

El expediente fue recibido por un juzgado de Distrito en la Ciudad de México, sin embargo, jueza que lo analizó decidió no admitirlo: argumentó que el exlíder del cartel ya había presentado antes una inconformidad sobre el mismo tema. Fonseca Carrillo en respuesta no se resignó. Su defensa impugnó la resolución y ahora espera que un tribunal colegiado revise de fondo el asunto.

Si el tribunal admite la revisión, el caso podría obligar a las autoridades financieras a rastrear documentos de hace medio siglo.

La historia de los aseguramientos de “Don Neto” es tan vieja como el propio Cártel de Guadalajara.

En 1985, cuando el gobierno mexicano emprendió una ofensiva tras el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, se confiscaron sus cuentas, se cerraron empresas y se aseguraron propiedades vinculadas al cártel. Fue con el paso del tiempo como los involucrados volvieron a hablar de dinero.

El tiempo transcurrió y el país cambió de leyes, de gobiernos y de instituciones; así los bienes de “Don Neto” quedaron congelados en un limbo burocrático del que ahora su defensa intenta rescatarlos.

Fonseca Carrillo cumplió 40 años de condena por secuestro, homicidio y delitos contra la salud. En 2016, un juez federal le concedió el beneficio de continuar la sentencia en arresto domiciliario, tras diagnosticarle artritis avanzada y un tumor de colon. Vivió casi una década recluido en su casa del fraccionamiento Hacienda Valle Escondido, en Atizapán, Estado de México hasta que el 5 de abril de este año terminó su pena. Salió en silencio, sin cámaras, sin reporteros, con un acta que certificaba el cumplimiento íntegro de su condena. La libertad, sin embargo, no trajo olvido.

Semanas después, su equipo legal ingresó la demanda que ahora reabre el expediente financiero. El argumento central de quien alguna vez fue considerado uno de los capos más poderosos del mundo, es sencillo: ya no existe causa penal pendiente que justifique la retención de sus bienes. Sin embargo, detrás de esas palabras, existe una discusión más compleja: los mecanismos de aseguramiento que se aplicaban en los ochenta no contemplaban la figura actual de extinción de dominio ni los procedimientos de decomiso permanente que hoy existen. En otras palabras, el Estado deberá demostrar que aquellos bienes fueron formalmente decomisados y no solo asegurados de manera preventiva.

La Fiscalía no ha emitido una postura pública. La CNBV tampoco ha confirmado si mantiene registro de las cuentas congeladas en aquel entonces ni si existen fondos disponibles para restituirlos. Lo cierto es que el reclamo obliga a desempolvar expedientes bancarios archivados bajo leyes que ya no existen.

Por otra parte, la fortuna de “Don Neto” fue siempre un misterio. En los años ochenta se hablaba de propiedades en Guadalajara, Sinaloa y Baja California; de cuentas millonarias en dólares y de una red de inversiones que habría sobrevivido a su caída pero ninguna de esas versiones fue documentada oficialmente. A lo largo de los juicios, los fiscales nunca pudieron probar el monto real de su riqueza, aunque reconocieron que sus operaciones dejaron ganancias enormes.

Su nombre se asocia al origen del narcotráfico moderno en México. Junto a Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo fundó la organización que abrió la ruta del Pacífico y articuló los vínculos con los cárteles colombianos siendo el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena el punto de quiebre. Aquel febrero de 1985 marcó el final del viejo Cártel de Guadalajara y el inicio de una persecución que cambió la historia.

El agente de la DEA llevaba meses siguiendo la pista de enormesnsembradíos de mariguana en Chihuahua, cuando desapareció al salir del consulado estadounidense en Guadalajara. Días después su cuerpo y el del piloto mexicano Alfredo Zavala fueron hallados torturados en una huerta en Michoacán.

La investigación cruzó los nombres de los tres jefes del cartel: Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo.

A las pocas semanas, las autoridades mexicanas iniciaron la cacería. Fonseca fue detenido en una casa de descanso en Puerto Vallarta, el 7 de abril de ese mismo año. Lo trasladaron primero al Reclusorio Norte, luego al penal de Occidente y, más tarde, al Altiplano.

Durante décadas buscó reducir su condena pero ninguna apelación prosperó.
Rafael Caro Quintero acabó extraditado a Estados Unidos; mientras Félix Gallardo sigue preso en Jalisco. “Don Neto”, en cambio, pasó los últimos años de su vida bajo custodia domiciliaria, rodeado de silencio y escoltas discretos.

Su pleito con el Estado ya no es por libertad. Es por papeles, por cuentas, por lo que quedó en aquellos archivos de 1985. Fonseca Carrillo no discute su condena, hoy litiga el levantamiento de los aseguramientos practicados en 1985: cuentas bancarias e inmuebles que, según su defensa, no fueron objeto de decomiso definitivo ni de extinción de dominio.

Es el amparo solicitado, donde pide que la FGR deje sin efectos esas medidas y que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,  supervise a las instituciones financieras el saldo existente y su eventual restitución.

En tanto, la FGR sostiene que los aseguramientos siguen vigentes y que no procede liberarlos sin resolución expresa, dejando el asunto en revisión de un tribunal colegiado, que deberá definir si, con la pena ya cumplida, corresponde mantener o levantar esas medidas, ademá de qué autoridad tendría que ejecutar, en su caso, la devolución que tanto anhela.