La mañana del martes 23 de septiembre, en una sala federal de Nueva York, Naasón Joaquín García —líder de la iglesia La Luz del Mundo— se declaró “no culpable” de los cargos que le imputa una fiscalía de distrito: conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil. La escena abrió una nueva etapa judicial para uno de los líderes religiosos más influyentes de habla hispana… y, a la vez, reavivó el eco de una historia que ya había dejado una condena previa en la costa oeste. Porque, aunque Naasón Joaquín ya fue sentenciado por una corte estatal de California a 16 años y ocho meses de prisión por abuso sexual de menores en 2022, ahora enfrenta un expediente federal con ambición transfronteriza y una narrativa de presuntos abusos sostenidos durante años…
La acusación federal no llega sola. Hace menos de dos semanas, el fiscal presentó una nueva imputación que, además del “apóstol” —como lo llaman sus fieles—, alcanza a cinco presuntos cómplices. Entre ellos, dos nombres que retumban por su cercanía: su madre, Eva García de Joaquín, de 79 años, y su sobrino, Joram Núñez Joaquín, de 37. El documento los coloca dentro de una red de tráfico sexual que, según la versión ministerial, operó “a ambos lados de la frontera”, entre México y Estados Unidos, y durante décadas. El expediente traza un patrón: reclutamiento, coerción, silencios forzados, traslados… un entramado que —si se acredita— explicaría la extensión temporal y geográfica de los hechos.
La respuesta institucional de la congregación llegó rápido. La Luz del Mundo rechazó este martes los señalamientos: los calificó de “infundados, mentirosos y calumniosos”; denunció el “injusto encarcelamiento” de sus parientes; y aseguró que la fiscalía “tuerc[e] la ley” para “coaccionar” al líder. En el mismo mensaje, la iglesia habló de “colusión” entre personas con interés, fiscales y ciertos medios, a quienes acusó de pervertir la justicia, manipular la opinión pública y estigmatizar su fe. La estrategia retórica es conocida… construir una narrativa de persecución y de ataque a la libertad religiosa, aun cuando el foro de disputa sea estrictamente penal.
Junto a la madre y al sobrino del dirigente, la nueva acusación incluye a tres presuntos colaboradores: Rosa Sosa, Azalia Rangel García y Silem García Peña. De acuerdo con la fiscalía, se trata de prófugos que, presumiblemente, se encuentran en México. Las autoridades de Estados Unidos adelantaron que solicitarán su detención y extradición. En el relato acusatorio, Eva García de Joaquín, Rosa Sosa y Azalia Rangel habrían tratado con los menores para abusar de ellos o entregarlos a sus agresores; por su parte, Silem García Peña y Joram Núñez habrían intercedido para inhibir denuncias… con un saldo que, si se prueba, perfila años de impunidad y daños irreparables.
El catálogo penal impresiona: algunos cargos prevén penas mínimas de 10 años de prisión y, en su extremo, cadena perpetua. La fiscalía dejó claro que solicitará la máxima pena —life sentence— para cuatro de los acusados, entre ellos el propio Naasón Joaquín y su madre. La hoja de ruta se concentra ahora en calendarios procesales: audiencias intermedias, resoluciones sobre pruebas, eventuales acuerdos… y el juicio. Lo único cierto es que la condición federal del expediente cambia la escala de los riesgos penales y, de paso, extiende la discusión más allá de California.
El pasado judicial del líder no es breve. El 3 de junio de 2019, Naasón Joaquín fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles. La imputación estatal de entonces ya mencionaba tráfico de personas, producción de pornografía infantil y violación forzada de un menor, entre otros delitos. Los hechos abarcaban el periodo 2015–2018, cuando dirigía —de tiempo completo— a una congregación con más de un millón de seguidores en el mundo. En 2022, aceptó un acuerdo que le evitó la cadena perpetua a cambio de declararse culpable de cargos de abuso infantil; de ese proceso derivó la condena de 16 años y ocho meses. En octubre de 2023, ya con el expediente estatal en marcha, una fiscalía federal en California sumó dos cargos de pornografía infantil… y ahora, Nueva York agrega una acusación más amplia que eleva los riesgos y estrecha las salidas.
La investigación que desemboca en las imputaciones actuales arrancó en 2018 y estuvo a cargo del ICE, la autoridad migratoria de Estados Unidos. La cooperación con otras agencias —por la naturaleza transfronteriza de los hechos— fue constante… y el trazo de rutas, domicilios y testigos, paciente. En México, la Fiscalía General de la República mantiene abierta su propia indagatoria; hasta hoy no ha generado detenciones. En paralelo, un detalle que eleva la temperatura del debate público: miembros de la congregación participaron en las elecciones judiciales del 1 de junio y algunos obtuvieron plazas de jueces que ejercen desde septiembre… lo que reintroduce el dilema sobre independencia, conflictos de interés y percepción social de la justicia.
El acto procesal de este martes tuvo su propia coreografía: lectura de cargos, ratificación de identidad, consulta con defensa… y la declaración de “no culpable”. No hubo estridencia, sí tensión contenida. Porque el caso desborda la mera narrativa penal y toca fibras de poder religioso, cohesión comunitaria y responsabilidad institucional. La Luz del Mundo insiste en su defensa discursiva; las autoridades replican con foliatura, fechas, tipos penales y posibles penas. En el medio, víctimas que llevan años empujando expedientes; familias que cambiaron rutinas y ciudades; y una opinión pública que asiste, muchas veces, a un lenguaje de tribunal que no siempre explica el costo humano.
