El Congreso de México analiza una reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) para sancionar a quienes condicionen la entrega de una factura electrónica (CFDI) a la presentación de la Constancia de Situación Fiscal (CSF), un documento que, aunque común en prácticas comerciales, nunca fue requisito legal para facturar.
La propuesta, presentada en septiembre de 2025, modifica el artículo 83 del CFF para tipificar como infracción exigir la CSF como condición para emitir un CFDI. Bajo esta reforma, los emisores que continúen esa práctica podrían enfrentar multas y sanciones fijadas según las disposiciones del propio código.
La medida busca poner fin a una práctica extendida desde la entrada en vigor del CFDI 4.0, cuando muchos emisores comenzaron a pedir la constancia para evitar rechazos por datos mal capturados. Sin embargo, la ley establece que lo único indispensable para emitir una factura es que el nombre, RFC y código postal del receptor coincidan con lo registrado en el SAT, y estos datos pueden validarse en línea sin solicitar documentos adicionales.
Con la reforma, condicionar la factura a la presentación de la CSF sería sancionable, mientras que los emisores sí podrán solicitar nombre, RFC y código postal para capturar correctamente los datos, así como verificar esa información con las herramientas digitales del SAT antes de timbrar. Lo que no será legal es retrasar o negar la factura por no entregar la constancia.
Los cambios también impulsan la capacitación del personal para usar validadores digitales y la actualización de sistemas internos para capturar correctamente la información del cliente, lo que podría agilizar la emisión de facturas y reducir trámites innecesarios.
La reforma pretende aclarar definitivamente que la Constancia de Situación Fiscal no es obligatoria para obtener un CFDI y que su exigencia puede traducirse en multas, lo que obliga a las empresas a revisar sus políticas internas y adaptarse a la normativa vigente para evitar sanciones.
Con esta iniciativa, el Poder Legislativo busca homologar la práctica comercial con las obligaciones fiscales reales y proteger tanto a consumidores como a empresas de exigencias que carecen de base legal.
