La Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas (AMPROFON) presentó un nuevo contrato colectivo firmado en Francia entre SNEP, grupo nacional que representa a la industria de la grabación en ese país, y la SCPP, sindicato que representa a intérpretes. El documento fija una regalía mínima para intérpretes y músicos de sesión por la comercialización de fonogramas a través de plataformas de streaming. Sin embargo, el contrato ha generado cuestionamientos debido a que fue presentado como privado y confidencial, sin intención de hacerlo público.
De acuerdo con un correo confidencial atribuido al abogado representante de Warner Music Group, Sony Music Entertainment y Universal Music Group, el convenio establece condiciones específicas derivadas del marco legal francés. En el mismo mensaje se señala que IFPI no recomienda replicar este acuerdo en otros territorios, al considerar que las condiciones jurídicas de Francia son particulares y que el contrato no sería aplicable a artistas firmados por compañías fuera de ese país, incluso cuando sus grabaciones se exploten comercialmente en otros mercados.
El contenido del correo también advierte que sociedades de intérpretes y ejecutantes podrían intentar utilizar la firma de este contrato colectivo como precedente para impulsar negociaciones similares en México. No obstante, el mensaje enfatiza que no se trata de un precedente que deba seguirse en el país. Asimismo, se subraya que la existencia del contrato no debe hacerse pública y que, con apoyo de IFPI, se prepararía una respuesta ante posibles cuestionamientos de medios de comunicación u otros terceros.
La situación ha provocado inquietud, pues el carácter confidencial del acuerdo y la estrategia de comunicación sugerida contrastan con el discurso institucional de defensa de derechos de autor y promoción de mercados justos. AMPROFON ha sostenido históricamente que su labor consiste en proteger los intereses de la industria discográfica, combatir la piratería, promover leyes de copyright y fortalecer el ecosistema digital de la música. Sin embargo, se considera que la negativa a transparentar los términos de un contrato que establece regalías mínimas para intérpretes podría debilitar la confianza en dichas posturas, especialmente en un contexto donde el streaming se ha convertido en la principal fuente de ingresos de la industria musical.
El debate también alcanza a instancias como el Instituto Nacional del Derecho de Autor, donde se realizan foros y conferencias dirigidas a creadores para difundir información sobre derechos y regalías. Para algunos artistas y músicos de sesión, la existencia de acuerdos confidenciales que no se consideran replicables en México abre interrogantes sobre la voluntad real de impulsar esquemas más favorables para los intérpretes en el país.
Más allá del contenido específico del contrato francés, el caso pone sobre la mesa un tema estructural. La industria musical global ha transitado hacia modelos dominados por plataformas digitales, donde la transparencia en la distribución de ingresos sigue siendo una demanda recurrente de intérpretes y músicos. Si existen estándares mínimos reconocidos en ciertos territorios, la discusión pública sobre su posible adaptación a otros contextos debería formar parte de un debate abierto y no reservado a intercambios confidenciales entre grandes corporaciones.
La confianza en las instituciones y en los organismos que dicen representar al sector depende, en buena medida, de la claridad con la que se informen y justifiquen las decisiones que impactan directamente en el sustento de quienes crean y ejecutan la música.
