Poco después de las 11 de la mañana de este 18 de septiembre, bajo el calor sofocante de Tapachula y frente a un cerco sobrio de agentes federales, el Canadair Challenger 605 con matrícula XB-NWD tocó pista. En el fuselaje, las franjas verde, blanco y rojo; dentro, el principal pasajero: Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y hombre cercano al senador morenista Adán Augusto López.
No hubo espectáculo, solo documentos y una cadena de custodia, además de un viaje tenso y demorado para el también apodado “Comandante H” y/o “El Abuelo”, identificado también como “El Munrra”. Un vuelo que bien pudo haber durado alrededor de 8 o 9 horas se extendió por poco más de 21 horas, pues recorrió Asunción, Bogotá y Tapachula, para finalmente llegar a Toluca y ser trasladado al penal del Altiplano.
La Fiscalía General de la República operó el traslado con su propio jet. El plan original preveía aterrizar en Cozumel antes de llegar a Toluca, pero la ruta cambió. Hubo dos ajustes en el itinerario y una escala técnica en Colombia para recargar combustible; ahí, la aeronave permaneció toda la noche del 17 de septiembre.
Fue hasta la mañana del jueves cuando la aeronave despegó de El Dorado a las 08:20, tiempo de México, y tras 2 horas con 51 minutos de vuelo, según el rastro de la plataforma FlightAware, aterrizó en Tapachula para comenzar un proceso judicial que podrá ser tan rápido o tan largo como el mismo Bermúdez Requena quiera. Todo dependerá de los nombres de altos funcionarios que proporcione, así como de las operaciones ilícitas que confiese y explique.
La caída del líder de “La Barredora” comenzó el 12 de septiembre de 2025 en un exclusivo fraccionamiento a las afueras de Asunción. La Secretaría Nacional Antidrogas y la Fiscalía de Paraguay irrumpieron en una residencia de dos pisos con alberca y jardín. Había bebidas alcohólicas, juegos de mesa y un video oficial mostró tomas aéreas captadas con un dron: muros altos, lujo, confort y un prófugo que llevaba meses escondido en ese lugar junto con su esposa. Bermúdez no opuso resistencia y, según quienes efectuaron la captura, apenas pudo decir: “era algo que podía pasar”.
En el cateo de la propiedad, los agentes lograron decomisar dinero en efectivo, joyas, un vehículo de alta gama y seis teléfonos celulares. Pero fue su estatus migratorio lo que terminó de hundirlo, pues había ingresado clandestinamente a Paraguay —probablemente desde Brasil— y residía de manera irregular. Ese detalle cambió por completo el desenlace jurídico.
El caso llegó al juez Osmar Legal, experto en crimen organizado. Hubo una audiencia remota y a Bermúdez se le ofreció la extradición voluntaria simplificada, un retorno a México que duraría pocas semanas, pero optó por rechazarla. Aquel trámite implicaba al menos 60 días. Entonces, el Gobierno paraguayo aplicó una medida migratoria soberana: su expulsión por estancia irregular.
Así lo expresaron las autoridades extranjeras en un comunicado:
“Trasladamos y entregamos a uno de los principales objetivos criminales de México. Reafirmamos: en Paraguay no hay refugio para el crimen organizado transnacional”.
La Dirección Nacional de Migraciones lo puso en manos de una comitiva mexicana integrada por elementos del Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Migración, quienes viajaron a Asunción para asegurar la entrega.
En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum centró el origen del caso en algo político-administrativo. Dijo que, cuando surgieron indicios de los primeros vínculos criminales de Bermúdez, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador pidió su destitución e investigación.
También explicó que fue él mismo quien renunció en enero de 2024 y que un mes después se libró una orden de aprehensión. Añadió que en los días siguientes se presentará cómo “se fue descomponiendo” a su paso por la función pública.
Respecto al coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, quien lo nombró secretario de Seguridad en 2018 cuando era gobernador de Tabasco, Sheinbaum Pardo descartó pedir su separación del cargo y recordó que el propio Adán Augusto se dijo dispuesto a declarar en caso de ser requerido.
Finalmente, ante versiones de un viaje relámpago, Sheinbaum desmintió que Omar García Harfuch hubiera volado a Paraguay para gestionar la expulsión, y aclaró que su ausencia en el desfile del 16 de septiembre se debió a motivos personales.
Mientras tanto, el motivo judicial que lo devuelve a México es enfrentar acusaciones de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, al ser considerado el líder del grupo criminal “La Barredora”. Informes de inteligencia atribuyen a “La Barredora” acciones de cobro de piso, extorsiones y control territorial, con el respaldo del CJNG. La FGR podría ampliar imputaciones por delincuencia organizada y narcotráfico, pues además Paraguay sostuvo que el exfuncionario buscaba instalar su red criminal en territorio extranjero, convirtiéndose no solo en un huésped incómodo, sino en un operador en expansión.
De este modo, alejado del poder y los lujos, ahora el penal de Almoloya de Juárez será su nueva residencia. Ubicado a 25 kilómetros de Toluca, el Altiplano se construyó durante el sexenio de Carlos Salinas y comenzó a operar en 1991.
Veinte años después recibió casi 185 millones de pesos en remodelación y amplió su capacidad de 500 a 800 internos, logrando abarcar 260 mil metros cuadrados. De esa extensión, 27 mil 900 corresponden a instalaciones internas, mientras que el resto a salas de espera, anillos de seguridad, rondines, accesos y estacionamientos. Así, por diseño, es una cárcel de máxima seguridad.
Sin embargo, la historia del gran complejo carga una sombra: la fuga en 2015 de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien a través de un túnel de 1.5 km que conectaba el baño de su celda con un terreno cercano logró evadir a la justicia. Fue tras aquel episodio que se reforzaron bloqueadores, sistemas electromecánicos y electrónicos, además de redoblar rondines perimetrales. La meta hoy es obvia: no permitir operaciones desde prisión y mucho menos una segunda humillación.
La captura y expulsión de Bermúdez desnudan una zona incómoda: colusión y protección desde lo público. “La Barredora” operó como un brazo regional asociado al CJNG, mientras el Gobierno Federal comprometió una exposición integral del caso: cómo falló la función pública, cuándo se encendieron las alarmas, quién ordenó qué y por qué tardó lo que tardó.
Hoy, el caso Bermúdez Requena y “La Barredora” no termina en el aeropuerto de Tapachula ni en las rejas del Altiplano; ahí apenas comienza, bajo la promesa presidencial de exhibir un expediente completo y sancionar a todo aquel que resulte involucrado.
Por ahora, lo cierto es que Bermúdez ya está en México y los hechos están sobre la mesa, mientras la incógnita sin respuesta inmediata es: ¿hasta dónde alcanzará el proceso y a quiénes tocará en verdad?
