“No tiene definido ni el agresor ni los agredidos, ni el móvil del crimen, ni se tienen localizados a 41 de los 43 normalistas desaparecidos, los que se tienen son actores y víctimas casuísticos”, menciona el documento donde se acusa a la administración anterior.
Asimismo, estipula que los autores del informe y recomendación construyen una verdad jurídica a partir de declaraciones rendidas ante la fe pública, solamente se ha presentado como soporte probatorio las declaraciones de los policías y de los presuntos integrantes del crimen organizado.
“No es admisible suponer que todo ello fue azaroso, sin racionalidad alguna y sin estructura y coordinación de mando; que se hayan movilizado centenas de militares policías federales, estatales y mandos locales, policías municipales y actores paramilitares y hayan participado de forma acéfala y manera casuística en una cadena de eventos incluyendo la realización de cuatro ataques registrados para cometer crímenes en agravio de más de cien personas, 20 de ellas heridas, seis de ellas víctimas de ejecución extrajudicial y 43 integrantes de un colectivo víctimas de desaparición forzada”.
También acusa que la Oficina Especial para el Caso Iguala no tuvo acercamiento con las víctimas y las organizaciones a cargo de la defensa de los padres de los estudiantes, tampoco investigo a los posibles autores materiales pertenecientes al Ejército y a la Policía Federal.
Por lo anterior, se propuso un nuevo informe sobre el caso, donde se analizará desde su contexto y un nuevo enfoque en los hechos.
