En México, la violencia política se ha convertido en un desafío crucial para la democracia. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha revelado que su administración ha recibido 200 solicitudes de protección debido a la creciente ola de violencia que afecta a quienes buscan servir al país en cargos públicos. Esta situación ha cobrado la vida de al menos 24 aspirantes a cargos públicos, lo que representa una preocupante escalada en los riesgos que enfrentan los candidatos.
Desde el 1 de marzo, 200 aspirantes han solicitado protección. De ellos 186 ya cuentan con medidas de seguridad, 11 se han declinado y tres casos continúan en la fase de evaluación.
A pesar de estos datos, aún no se ha proporcionado un desglose detallado por entidad federativa, cargo ni partido político. En particular, se desconoce si los 40 candidatos de Morena en Guanajuato que habían solicitado protección están incluidos en esta cifra.
Este aumento en las solicitudes de protección está directamente relacionado con la violencia política que ha marcado el proceso electoral actual. En estos comicios, se elegirán más de 20,000 cargos de elección popular a nivel local y federal. Entre ellos se encuentran la Presidencia de la República, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ocho gubernaturas y el Congreso de la Unión.
La organización Causa en Común ha documentado al menos 24 asesinatos de aspirantes a diferentes cargos. Uno de los casos más trágicos fue el de Gisela Gaytán, aspirante morenista a la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato, quien fue asesinada el pasado 1 de abril.
El proceso electoral 2023 - 2024 ya se considera el más violento de los últimos años. Desde su inicio, se han registrado 157 agresiones contra aspirantes y personas relacionadas con la política entre los que destacan 9 secuestrados, 22 atentados y 75 amenazas.
Estos datos provienen del Segundo Reporte Preliminar de Violencia Electoral, elaborado por el Laboratorio Electoral. Sin embargo, es importante señalar que esta cifra no es totalmente certera ni absoluta, ya que otras organizaciones, como Integralia, han reportado al menos 399 víctimas de violencia política en el mismo período. Esto supera las cifras registradas durante el proceso electoral de 2018.
Ante todo, es fundamental que las autoridades y la sociedad en su conjunto trabajen juntas para garantizar la seguridad de quienes participan en el proceso electoral y para preservar la integridad de nuestro sistema democrático. La violencia política no solo amenaza a los candidatos, sino también a la estabilidad y la confianza en nuestras instituciones. La lucha contra este fenómeno debe ser una prioridad para fortalecer la democracia en México.
