La noche del sábado 1 de noviembre, el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez —alcalde de Uruapan— marcó un nuevo punto de quiebre para Michoacán. Apenas unas horas después, las calles comenzaron a llenarse de gente: estudiantes, campesinos, familias enteras con pancartas, velas y fotografías. Primero en Uruapan, luego en Pátzcuaro, y finalmente en Morelia y Apatzingán… las protestas se extendieron como una sola voz reclamando justicia, pero con desenlaces distintos. Algunas marchas fueron pacíficas; otras derivaron en choques, gases lacrimógenos y fuego en edificios públicos.
Desde la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió este lunes a los hechos. Condenó la violencia registrada en las manifestaciones y llamó a mantener las protestas dentro de los márgenes de la paz. “Los actos violentos no fortalecen ninguna causa —dijo—, sólo abren la puerta a la provocación y a la represión”. En su mensaje, reiteró que el gobierno federal no adoptará medidas de fuerza ni responderá con mano dura a la indignación social que vive Michoacán.
Sheinbaum recordó que durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México enfrentó marchas y grupos encapuchados que buscaban la confrontación, y subrayó que la diferencia entre su administración y los gobiernos anteriores es que hoy “la paz se construye con justicia, no con represión”. Aseguró que toda persona tiene derecho a un juicio y que las ejecuciones extrajudiciales no caben en un país donde la pena de muerte fue abolida hace décadas.
La mandataria federal reconoció que los hechos de Uruapan conmocionaron al país, pero insistió en que la respuesta no puede ser la violencia institucional. “No vamos a repetir la ruta de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto —explicó—, porque esa política de sangre y fuego sólo multiplicó el dolor y la inseguridad”.
Sheinbaum anunció que el gobierno trabaja en un esquema integral llamado “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, diseñado en tres ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico con equidad, y educación y cultura para la paz. En este marco se instalarán mesas de seguridad quincenales con participación federal y estatal, una fiscalía especializada en delitos de alto impacto y nuevas acciones de inteligencia contra células criminales que operan en el Bajío y la Tierra Caliente.
Precisó que la presencia de la Guardia Nacional en Michoacán no representa militarización, sino acompañamiento civil y protección ciudadana. “Es muy distinto enviar fuerzas federales para evitar confrontaciones a que se usen armas contra un presunto delincuente”, dijo. Y agregó que el despliegue busca inhibir la operación de grupos armados y garantizar que los manifestantes puedan expresarse sin temor.
Mientras tanto, las protestas continúan. En Uruapan, jóvenes universitarios y vecinos marcharon vestidos de blanco bajo la consigna “Que el miedo no nos calle”. En Pátzcuaro, colectivos ciudadanos encendieron velas frente a la presidencia municipal en memoria del alcalde. Pero en Morelia y Apatzingán, la tensión escaló: estudiantes se enfrentaron a policías frente al Palacio de Gobierno y, en la región de Tierra Caliente, un grupo enardecido incendió parte del Palacio Municipal exigiendo la renuncia de la alcaldesa Fanny Arreola.
A esas imágenes de caos siguió la voz de Grecia Quiróz, viuda de Carlos Manzo. En una transmisión en vivo a través de la página oficial del ayuntamiento, pidió detener los actos de vandalismo y mantener el movimiento por la paz. “No permitamos que la rabia destruya lo que Carlos construyó”, dijo entre lágrimas.
Sheinbaum retomó esas palabras durante su mensaje matutino. Aseguró que el crimen del alcalde no quedará impune y que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar justicia sin caer en la espiral de violencia que los grupos criminales intentan provocar. “En México —señaló— la seguridad no se impone con el miedo, sino con el derecho”.
El mensaje cierra un fin de semana de tensión en Michoacán, donde la indignación social convive con el temor. Entre velas, consignas y patrullas, el país observa una vez más cómo la violencia busca apropiarse de los espacios públicos. La respuesta presidencial marca distancia con el uso de la fuerza y apuesta, de nuevo, por el diálogo. Falta ver si esa apuesta alcanza para contener un estado que lleva demasiado tiempo en guerra consigo mismo.