La Senadora por Morena Julieta Ramírez Padilla quien actualmente se perfila como una contendiente fuerte para ganar la gubernatura del Estado de Baja California en el 2027, fue cuestionada directamente mientras se encontraba en la Ciudad Tijuana por un recorrido que formaría parte de su campaña, específicamente en el Fraccionamiento Lomas de San Martín sobre el estado actual de su visa.
Esto debido a que en días anteriores diversas fuentes periodísticas difundieron los rumores de que el gobierno estadounidense le retiró su documento para viajar a el país norteamericano, a lo que la funcionaria negó rotundamente las declaraciones de la prensa asegurando que contaba con todos sus documentos migratorios en orden, regla y activos mencionando lo siguiente: “Las aves de mal agüero se reúnen seguido a mentir y difamar… lo que sí es verdad es que ya inició la temporada de zopilotes”.
Los ánimos y la tensión en el lugar se elevaron cuando uno de los presentes en el evento retó a la senadora gritando: “Vamos mañana a Disney. A ver si es cierto que tienes visa”. Este suceso quedó registrado en video pues un asistente del evento se encargó de realizar una transmisión en vivo del mismo, capturando el momento exacto y quedando de esta manera para la posteridad y registro.
Sin embargo lo que llama la atención, es que no sería la primer funcionaria pública a la que presuntamente se le retirara la visa, esto tras la presunta cacería del presidente estadounidense Donald Trump, por políticos mexicanos con supuestos vínculos al crimen organizado; un acuerdo que supuestamente habría discutido con la presidenta Claudia Sheinbaum mediante una llamada el pasado lunes 12 de enero en la que, entre otros temas que se trataron se encontraría el de la intervención de Estados Unidos en el país para ayudar a combatir a las redes de narcotráfico, acción a la que se opuso completamente el gobierno mexicano; aunque estos solo son rumores y no hay una confirmación oficial.
Las recientes acciones y movimientos del presidente Donald Trump refuerzan fuertemente dichos rumores, pues recordemos que uno de los casos más mediáticos fue el de la gobernadora de Baja California y militante de Morena, Marina del Pilar Avila Olmeda en Mayo del 2025 pues ella misma confirmó la revocación de su visa y la de su esposo, y al ser cuestionada sobre por que le fue revocada la visa, aseguró no saber la razón pero que se encontraba tranquila y en proceso de recuperarla.
En ese momento el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores exigió que la gobernadora de Baja California rindiera una explicación precisa del hecho, pero esta nunca llegó; por su parte en ese momento el presidente Trump declaró en una entrevista a The Spectator que “le recomendaría a la fiscalía estadounidense investigar a políticos mexicanos que tuvieran relación con tráfico de personas y drogas”.
Otro caso importante fue el de la diputada federal por Morena en el distrito 9 de Baja California y ex alcaldesa de Playas de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo quien fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo la acusación de colaborar con la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, denominandola como “narcodiputada”.
O el caso del incidente ocurrido el 26 de septiembre del 2025 cuando el diputado federal del Partido Verde Mario Alberto Lopez Hernandez fue retenido bajo revisión migratoria durante más de 14 horas por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza cuando intentaba ingresar a Estados Unidos por el Puente Internacional Nuevo ubicado en la cruce fronterizo entre Matamoros y Brownsville; y finalmente se le negó el acceso al país norteamericano, se le retiró la visa y fue devuelto a México bajo resguardo de autoridades estadounidenses.
Ante estos casos, la agencia Reuters publicó un reporte donde se menciona que el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos entre los que se encuentran figuras tanto del oficialismo como de la oposición, fungiendo como una estrategia alterna del presidente Donald Trump de combatir a los carteles de narcotráfico en México.
Por su parte funcionarios estadounidenses explicaron que la revocación de una visa no requiere justificación pública y puede efectuarse en cualquier momento por motivos de “seguridad”; mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre estas cancelaciones de visas respondió que no tenía información oficial sobre las mismas y que Estados Unidos no suele notificar al gobierno mexicano sobre estos procedimientos.
Todo esto en conjunto resulta sospechoso pues sería bastante atrevido insinuar que las medidas tomadas por el gobierno estadounidense en contra de políticos mexicanos serían mera casualidad y el hecho de que muchos funcionarios no aclaren públicamente o con pruebas la situación actual de sus documentos migratorios, no ayuda en su defensa y presunto estado de inocencia.
