El senador Gerardo Fernández Noroña desató una nueva polémica al presumir en sus redes sociales que ya cuenta con la tarjeta del Bienestar para recibir la Pensión para Adultos Mayores, un apoyo social del Gobierno Federal dirigido a personas mayores de 65 años. En una publicación acompañada de una fotografía con el plástico del Banco del Bienestar, el legislador celebró: “Feliz Feliciano, ya me llegó mi tarjeta del Bienestar”, frase que él mismo colocó para comunicar que comenzará a recibir el apoyo económico bimestral de poco más de 6 mil 200 pesos.
La reacción no se hizo esperar y la publicación rápidamente se viralizó, provocando críticas tanto de ciudadanos como de actores políticos. Uno de los comentarios más sonados fue el de Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México, quien cuestionó la congruencia del senador al ser beneficiario de un programa social pese a su trayectoria política y nivel de ingresos. Rojo de la Vega recordó la polémica compra de una casa en Tepoztlán, Morelos, valorizada en alrededor de 12 millones de pesos, y exigió explicaciones sobre el recibo de ese apoyo.
La respuesta de Noroña no se quedó atrás. En su cuenta de X, el senador recriminó a la alcaldesa y afirmó que los apoyos sociales son derechos constitucionales que corresponden a quienes cumplen con los requisitos, en este caso la edad, sin importar su perfil. Incluso, en su tuit, le deseó a Rojo de la Vega que algún día pueda ella también acceder a la pensión, y afirmó —en tono polémico— que para entonces ella estaría en la cárcel, lo que intensificó aún más las críticas entre sus detractores.
El debate trascendió las fronteras de las redes sociales y se extendió a otros sectores de la opinión pública. Ceci Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, recriminó a Noroña por su decisión de tramitar la pensión, argumentando que hay personas mayores que necesitan más ese apoyo que un senador con altos ingresos y ventajas laborales. Flores criticó que el morenista utilice recursos públicos, incluso para gastos personales como viajes, lo que, según ella, convierte en ridículo el acceso a un programa diseñado para apoyar a adultos en vulnerabilidad.
El caso de Fernández Noroña reabrió el debate nacional sobre los criterios de acceso a los programas sociales, sobre todo cuando se trata de figuras públicas con salarios superiores al promedio y prestaciones legislativas. Mientras algunos argumentan que la universalidad de la Pensión del Bienestar permite que cualquier persona que cumpla con la edad requerida pueda solicitarla, otros creen que este tipo de apoyos deben estar mejor enfocados a quienes realmente carecen de recursos suficientes.
La discusión sobre la pertinencia de que políticos y servidores públicos accedan a apoyos sociales como la Pensión del Bienestar continúa, y la publicación del senador seguirá alimentando la conversación pública en los próximos días.
