La Presidencia de la República ha desatado una tormenta de controversia al hacer público el expediente sin pruebas de la investigación sobre la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla, exesposo de la destacada activista María Amparo Casar, directora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Este documento de 12 cuartillas detalla los eventos que llevaron al trágico suicidio de Márquez, entonces ejecutivo de Pemex, quien se lanzó desde el piso 12 de la torre de la petrolera.
La publicación de este expediente ha generado un fuerte rechazo por parte de Casar, quien en una entrevista exclusiva para “Me lo dijo Adela” expresó su consternación por la manera en que se ha tratado el caso. Además, Casar se mostró indignada por la revelación de datos personales tanto de Márquez como de algunos de sus colegas, así como por la falta de consideración hacia la privacidad de sus hijos.
En sus declaraciones, Casar señala que la difusión del expediente por parte del gobierno no solo vulnera su derecho a la presunción de inocencia, sino que también socava su integridad y la de su familia. Afirma que nunca intervino en el proceso de investigación llevado a cabo por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y que desconoce cualquier relación con Bernardo Bátiz, exprocurador y actualmente ligado al presidente.
La activista denuncia que, lejos de buscar justicia, la acción del gobierno parece estar más enfocada en desacreditarla a ella y a su organización. Además, cuestiona la falta de transparencia en el cese de la pensión que recibía, sin previo aviso ni explicación oficial.
Es importante destacar que la respuesta del gobierno ante estas acusaciones ha sido insuficiente. Aunque se argumenta que la publicación del expediente busca promover la transparencia y el acceso a la información, la forma en que se ha llevado a cabo ha generado un clima de desconfianza y hostilidad hacia Casar y MCCI.
La situación se agrava aún más con la apertura de una investigación por parte del INAI sobre la violación de datos personales en este caso. La gravedad de esta violación queda patente en el hecho de que la investigación se haya iniciado de oficio, sin necesidad de una denuncia previa.
Resulta irónico que, en un contexto donde se pretende luchar contra la corrupción y fortalecer el estado de derecho, se produzcan acciones que atentan contra los principios fundamentales de la privacidad y la justicia. La falta de coherencia entre el discurso oficial y la práctica gubernamental solo alimenta la desconfianza y el escepticismo de la ciudadanía.
María Amparo Casar, a pesar de la intimidación y el acoso que ha sufrido, reafirma su compromiso con la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos. Su determinación para seguir adelante, a pesar de las adversidades, es un testimonio de valentía y perseverancia.
En última instancia, este caso nos recuerda la importancia de defender los principios democráticos y el estado de derecho frente a cualquier intento de manipulación o abuso de poder. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de una sociedad justa y equitativa, y debemos estar vigilantes para garantizar su cumplimiento en todo momento.
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