Si bien esta medida representa un paso adelante, es esencial reconocer que desde 2017, las mujeres en Jalisco pueden acceder a su derecho a interrumpir el embarazo en casos de violación o riesgo para la salud materna. Sin embargo, como subrayó Ortega, las cifras son preocupantes: en 2023 y los primeros meses del presente año, 380 niñas dieron a luz en Jalisco, posiblemente sin el acompañamiento adecuado para ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo.
Entre los casos que reflejan estas carencias, resalta el de una niña de tan solo 12 años, víctima de violación por parte de su propio padre, quien permaneció 11 días en un hospital sin recibir la atención adecuada. La preocupación de la familia, que se puso en contacto con Patricia Ortega, se centraba en la falta de información sobre el estado de la menor y el futuro de su tratamiento, evidenciando una falla sistémica en la atención médica y el apoyo a víctimas de violencia sexual.
Ortega relata con indignación cómo, en un primer momento, las autoridades estatales negaron contar con el personal capacitado para brindar el servicio necesario. Sin embargo, durante la estancia de la menor en el hospital, esta fue víctima de presiones por parte del personal médico, quienes, de manera insensible, intentaron persuadirla para que no interrumpiera su embarazo. Este hecho, que revela una clara intención de violar el derecho de la menor a decidir sobre su propio cuerpo, ilustra las barreras y la falta de sensibilidad que enfrentan las mujeres y niñas en situaciones similares.
Además, se documentaron una serie de inconsistencias preocupantes en el manejo del caso. A pesar de que la niña ingresó al hospital con 23 semanas de gestación, las autoridades argumentaron, después de 11 días, que tenía entre 27 o 28 semanas, lo que dificultaba aún más la posibilidad de realizar el procedimiento de interrupción del embarazo. Esta manipulación del tiempo refleja una clara intención de obstaculizar el acceso al aborto, en lugar de garantizar el bienestar y la autonomía de la menor.
Ante esta situación, la niña fue finalmente trasladada a la Ciudad de México para continuar el procedimiento. Sin embargo, el caso sigue sin resolverse por completo, ya que el violador sigue en libertad. Patricia Ortega aseguró que su grupo seguirá dando seguimiento al caso, recordando que, a pesar de la legislación que despenalizó el aborto, aún hay cientos de casos de niñas que dieron a luz y que probablemente experimentaron una situación similar a la descrita.
Es en este contexto que Ortega hace un llamado urgente al Congreso del estado, compuesto en su mayoría por mujeres, para que trabajen en garantizar los derechos de las niñas y mujeres. A pesar de que el anuncio de la despenalización del aborto en Jalisco representa un avance significativo, es crucial que las diputadas asuman su responsabilidad y se comprometan a promover políticas que protejan y respeten los derechos reproductivos de todas las personas.
Este caso de violación en Jalisco pone de manifiesto la urgente necesidad de seguir avanzando en la garantía de los derechos reproductivos en México. Si bien se han logrado algunos avances, queda mucho por hacer para asegurar que todas las mujeres y niñas tengan acceso a la atención médica adecuada y el derecho fundamental a decidir sobre sus propios cuerpos.
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