El futuro legal de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, continúa sin resolverse luego de que la jueza federal Ángela Zamorano, aplazara la decisión sobre su posible libertad anticipada, la cual había solicitado como parte de los beneficios previstos en la legislación penal mexicana. Aunque Duarte cumple una condena por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, su salida anticipada enfrenta un obstáculo mayor: un caso abierto por desaparición forzada ocurrido en Veracruz durante su administración.
La Fiscalía General de la República presentó ante el Poder Judicial argumentos para impedir su liberación, al señalar que el exmandatario permanece vinculado a proceso por la desaparición forzada de un joven en 2016. La institución insistió en que ese expediente, aún en curso, constituye una razón suficiente para que Duarte permanezca en prisión hasta que se determine su situación jurídica en ese caso específico.
Durante la audiencia celebrada esta semana, la jueza encargada del análisis decidió posponer la resolución para el viernes 21 de noviembre a las 17:00 horas (Zona Metropolitana) con el fin de revisar nuevamente los elementos presentados por las partes. Aunque la defensa de Duarte sostiene que él cumple los requisitos legales para obtener la libertad anticipada, la FGR advirtió que no puede concederse dicho beneficio mientras exista un proceso vigente por un delito considerado grave y de alto impacto.
Duarte permanece recluido desde 2018, cuando fue sentenciado por los cargos federales ya mencionados. En los últimos meses, su equipo legal ha impulsado varios recursos para acceder a los beneficios de ley tras cumplir el 95 por ciento de su condena, sin embargo, la causa por desaparición forzada ha impedido que prospere cualquier intento para modificar su situación penitenciaria.
Tras el aplazamiento, se mantiene la incertidumbre sobre si Duarte podrá abandonar el penal o si continuará privado de la libertad mientras avanza la investigación en Veracruz. La decisión final dependerá del análisis judicial que se realizará en la próxima audiencia, la cual será determinante para definir si el exgobernador obtiene el beneficio solicitado o si la jueza ratifica la postura de la FGR y ordena su permanencia en prisión.
