Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, anunció que se aprobó extender el periodo de desahogo de pruebas en el caso de juicio político contra Rosario Robles.
“Por unanimidad la sección instructora avaló la extensión del plazo”, dijo Gómez en conferencia de prensa.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Cámara baja, el plazo límite para recabar pruebas termina el 20 de enero próximo.
Dicha decisión, explicó el morenista, obedece al volumen alto de trabajo que las secretarías de Bienestar y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) han tenido que realizar para atender peticiones de información de la Sección Instructora.
“La Sedatu el primer envío lo hizo rápidamente, se han pedido más cosas a petición de la defensa y se ampliará el plazo cinco días más”, agregó.
Robles Berlanga, quien fungió como secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, es acusada penalmente de uso indebido del cargo público por haber causado presuntamente un quebranto al erario por más de cinco mil millones de pesos.
El legislador morenista detalló que la próxima reunión de la sección podría llevarse a cabo el 1 de febrero, tras la instalación del periodo ordinario de sesiones.
Ahí, abundó el diputado, se establecería un calendario para el desahogo de procedimientos, incluyendo los testimonios personales, que lleven a un mejor juicio político.
Respecto al amparo que Rosario Robles presentó contra el juicio político que se le abrió en San Lázaro, Gómez Álvarez descartó que tenga alguna implicación en el procedimiento legislativo debido a que la impugnación se hizo ante una instancia judicial.
“Ningún juez nos ha requerido. Nosotros concurrimos como Cámara de Diputados como tercer interesados en un juicio donde nosotros no somos parte”, puntualizó.
Los abogados de Rosario Robles lograron frenar la suspensión provisional contra la inhabilitación por 10 años que la Secretaría de la Función Pública le impuso a la exfuncionaria.
El tribunal indicó que esta medida se debió por la “falta de veracidad en la declaración patrimonial”.
El trámite fue admitido a trámite el pasado 12 de diciembre con el objetivo de impugnar la resolución de la SFP.
Con ello la SFP tiene un plazo de 48 horas para que la Función Pública dé informe sobre los hechos que se le imputan a la extitular de Sedesol.
Defensa de Robles lamenta decisión de mantenerla presa
La defensa jurídica de Rosario Robles Berlanga lamentó la decisión de la magistrada Isabel Cristina Porras de mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada a la exfuncionaria, pese a admitir que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna se excedió en esa medida.
La magistrada federal "asegura que la decisión de Felipe de Jesús Delgadillo Padierna es ilegal y aún así decide mantenerla en prisión”, denunciaron los abogados Julio Hernández Barros y Epigmenio Mendieta.
Agregaron que en su resolución a la apelación solicitada, la titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito reconoció que se han cometido agravios importantes que perjudican a la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol).
Sin embargo, "determinó ratificar la prisión preventiva y enviar el caso, de nueva cuenta, al juez sobrino de Dolores Padierna. Esto significa que es más grande el interés del gobierno en mantenerla presa que cualquier consideración jurídica”, insistieron.
Señalaron que por lo anterior, "con toda certeza la decisión de la magistrada confirma que se trata de un juicio de estado, una venganza política que se aleja de cualquier límite legal".
En ese sentido aseguraron que la defensa de la exfuncionaria seguirá denunciando cualquier arbitrariedad, ya sea del Poder Judicial, Federal y/o Legislativo.
Revelaron que en su resolución, la magistrada sostiene que efectivamente el juez se extralimitó, que la licencia es falsa y que las irregularidades detectadas por la defensa existen, además de que hay incongruencias en la medida cautelar impuesta, y con todo ello resuelve mantenerla en prisión.
"Resuelve que efectivamente la razón de su viaje es irrelevante, que la defensa no fue falaz, que no existe una supuesta red de amigos y que acreditó, mediante pruebas documentales y testimoniales de su hija, que sí tiene arraigo en la Ciudad de México", resaltaron.
Insistieron en que al final de la citada resolución, Porras Ordiozola emite la instrucción para que esta representación legal acuda ante el juez de control para solicitar la revisión y, en su caso, la modificación de la medida cautelar que le permita enfrentar su proceso en libertad.
Además de que se evidenció que Delgadillo Padierna se mostró parcial, grosero y con graves violaciones a los derechos de Robles Berlanga, la magistrada invita al juez para que prevalezca en él la tolerancia y la compostura.
"Para la comunidad jurídica de México es un hecho sin precedentes que se declaren fundados los agravios y se decida mantener la medida cautelar", indicó la defensa.
Concluyó que "nos equivocamos en nuestros argumentos de defensa; no obstante, desafortunadamente los hechos nos vuelven a dar la razón y confirmamos que Rosario Robles es una presa política”.