El presidente Donald Trump acaba de firmar una de las órdenes ejecutivas más polémicas de su segundo mandato: a partir del 9 de junio, ciudadanos de 12 países no podrán ingresar a Estados Unidos ni siquiera con visa de turista. La justificación oficial es la misma que en 2017: “proteger la seguridad nacional”. Pero, para muchos, esto es xenofobia maquillada de política migratoria.
La lista incluye a países como Irán, Afganistán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Haití, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Birmania y la República del Congo. A esto se suman restricciones parciales para otras naciones como Cuba, Venezuela, Laos y más, a quienes se limitará el otorgamiento de ciertos tipos de visas, principalmente de trabajo y estudio.
Durante su primer mandato, Trump impulsó el conocido “veto musulmán”, que fue duramente criticado por organismos internacionales y frenado en tribunales. Ahora, con mayor control sobre la Corte Suprema y el Congreso, Trump ha resucitado esa política, pero con un marco legal más robusto y justificaciones más elaboradas: supuestas fallas en los sistemas de verificación de antecedentes y cooperación limitada en seguridad internacional por parte de los países vetados.
“Estados Unidos no puede darse el lujo de abrirle la puerta a quienes no podemos verificar”, dijo Trump desde la Casa Blanca. Pero detrás del discurso de seguridad, hay una lectura política: endurecer la retórica antiinmigrante para fortalecer su base electoral a cinco meses de las elecciones intermedias.
¿A quiénes afecta?
Millones de personas. Estudiantes con cartas de aceptación en universidades estadounidenses. Familias que buscaban reencontrarse. Trabajadores especializados con ofertas laborales en Estados Unidos. Incluso personas con visas vigentespodrían ser frenadas en aeropuertos internacionales.
Aunque la orden contempla “excepciones humanitarias y casos de interés nacional”, la mayoría de las solicitudes serán rechazadas automáticamente. Y para quienes ya están en trámite, el proceso quedará suspendido o cancelado.
La medida ya provocó reacciones en cadena. Organismos de derechos humanos acusan al gobierno de “criminalizar nacionalidades enteras”. La ONU mostró preocupación por las implicaciones humanitarias. Y varios gobiernos, como el de Haití e Irán, han condenado la decisión.
La administración Biden había levantado algunas de estas restricciones en 2021, pero Trump no solo las revivió, las amplió, y las usó como bandera de campaña bajo el lema: “América debe cuidarse sola”.
Este nuevo veto no necesita cemento ni acero. Es un muro burocrático, digital y diplomático, pero igual de eficaz para frenar la migración. Trump entendió que el símbolo del muro le da votos, pero el veto le da resultados. Y esta vez lo hizo legal, con avisos previos y fundamentos de seguridad nacional para evitar el revés en los tribunales.
Con esta decisión, Trump inaugura un nuevo capítulo de su segundo mandato: más autoritario, más restrictivo y más impredecible. Lo que para algunos es protección, para otros es persecución. Pero lo que nadie puede negar es que la política migratoria volvió al centro del tablero, y que el 9 de junio marcará un antes y un después para millones de personas en todo el mundo.
