El pasado sábado, 20 de diciembre. El gobierno de Estados Unidos a través de la Guardia Costera y autoridades de seguridad nacional interceptó un buque petrolero en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, en el marco de una amplia operación contra el comercio de crudo sancionado que, según Washington, financia actividades delictivas como el narcoterrorismo.
La acción, confirmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se realizó antes del amanecer del 20 de diciembre de 2025 con el objetivo de hacer cumplir las sanciones impuestas a Venezuela y limitar los ingresos del régimen de Nicolás Maduro, en medio de una estrategia que incluye un bloqueo total a petroleros sancionados, anunciado días antes por el presidente estadounidense.
Funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato, señalaron que este sería el segundo buque interceptado en cuestión de semanas, lo que representa una escalada en la presión de Estados Unidos sobre Venezuela en torno al transporte de crudo. En esta ocasión, el navío, identificado con bandera panameña, fue abordado y detenido en plena zona marítima internacional, aunque no estaba claro si la embarcación figuraba formalmente en la lista de sancionados de Estados Unidos.
Ante estas acciones, el gobierno de Venezuela ha rechazado enérgicamente las intervenciones, calificándolas de “piratería internacional” y advirtiendo que tomará las medidas diplomáticas correspondientes ante organismos como la ONU. Por su parte, algunos aliados de Venezuela, como China, han condenado las incautaciones, considerándolas una violación del derecho internacional y una amenaza a la estabilidad del comercio energético global.
La creciente tensión entre Trump y Maduro se da en un contexto de polarización regional, donde las sanciones y medidas unilaterales han generado preocupación entre expertos y países vecinos sobre las implicaciones económicas y geopolíticas de estas operaciones en el comercio del petróleo y las relaciones internacionales. Las autoridades estadounidenses han defendido su enfoque, argumentando que el objetivo es cortar fuentes de financiamiento vinculadas a redes criminales, mientras que críticos señalan que estas acciones podrían agravar aún más las tensiones y desencadenar respuestas diplomáticas adversas.
