El panorama de la libertad de prensa en Corea del Sur ha alcanzado un punto crítico tras los eventos del pasado 3 de diciembre de 2024. El presidente Yoon Suk-yeol sorprendió a la nación al declarar la ley marcial, colocando a los medios bajo el control del ejército y prohibiendo la difusión de “noticias falsas” y “propaganda falsa”. Aunque la medida fue revertida seis horas después, su impacto dejó al descubierto una profunda crisis en la relación entre el gobierno y la prensa en el país.
La sorpresiva acción fue descrita por el presidente Yoon como un acto de “resolución nacional” frente a lo que denominó “fuerzas antidemocráticas que buscan paralizar las funciones esenciales del Estado”. Sin embargo, esta decisión generó una ola de indignación. Tanto medios de comunicación como ciudadanos expresaron su rechazo a lo que calificaron como un ataque directo a los derechos fundamentales y a la democracia en Corea del Sur.
Diarios conservadores como Chosun Ilbo, tradicionalmente alineados con la ideología del partido del presidente, calificaron la situación como una “vergüenza internacional” y exigieron explicaciones sobre cómo Yoon planeaba asumir responsabilidad por sus acciones. Por su parte, medios liberales como Hankyoreh no dudaron en señalar al presidente como el “mayor riesgo para la seguridad de la República de Corea”.Lejos de ceder ante la censura militar, los medios coreanos reaccionaron con una cobertura intensa y crítica de los hechos. Chun Young-sun, editora del diario Korea JoongAng Daily, declaró que en ningún momento consideraron limitar o detener su cobertura, y que su prioridad era informar a la ciudadanía.
Un consorcio de sindicatos de periodistas condenó la acción del presidente, describiéndola como “antidemocrática” e “inconstitucional”. En un comunicado, recordaron las luchas históricas por la democracia y la libertad de prensa en Corea del Sur, alcanzadas con gran esfuerzo durante la transición del país desde la dictadura militar hacia un sistema democrático en los años 80.
La decisión de declarar la ley marcial es solo el último episodio de una serie de enfrentamientos entre el gobierno de Yoon Suk-yeol y los medios. Desde que asumió el poder en 2022, el presidente ha adoptado una postura agresiva hacia la prensa, iniciando demandas por difamación contra periodistas, ordenando allanamientos en redacciones y recortando financiamiento a importantes emisoras públicas como MBC y TBS.
Además, el gobierno ha tomado decisiones controversiales, como la venta abrupta de la participación mayoritaria en el canal YTN a entidades privadas y la modificación de la Comisión de Comunicaciones de Corea (KCC), un organismo regulador históricamente balanceado. Estas acciones han generado preocupación sobre la independencia de los medios y el respeto por los principios democráticos.
En este ambiente de creciente tensión, el 3 de diciembre marcó un punto de inflexión. Según el profesor Lee Sangwon, de la Universidad de Corea, la declaración de la ley marcial fue un acto tan extremo que unió a medios tradicionalmente opuestos en una condena unánime al presidente.
La libertad de prensa es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia, y su erosión representa una amenaza directa al bienestar de las instituciones democráticas. La medida tomada por Yoon, aunque revertida rápidamente, es un recordatorio de lo frágil que puede ser la democracia incluso en países con instituciones consolidadas.
En palabras de Park Sung Hee, profesora de medios en la Universidad Ewha Womans, la respuesta crítica y unificada de los medios refleja que la libertad de prensa en Corea del Sur sigue viva. Sin embargo, también advirtió que cualquier intento por controlar el flujo de información en una sociedad altamente digitalizada como la surcoreana enfrenta grandes desafíos.
El caso de Corea del Sur debe servir como una advertencia para otras democracias en el mundo. La manipulación y censura de los medios por parte de un gobierno no solo socava el derecho a la información, sino que pone en riesgo la confianza pública en las instituciones.
A medida que el país se prepara para las elecciones legislativas de 2024, la credibilidad de los medios será un factor crucial para garantizar un proceso electoral transparente. La resistencia de los periodistas y medios coreanos ante la ley marcial subraya la importancia de proteger la libertad de prensa como baluarte de la democracia.
En un mundo donde la desinformación y las narrativas oficiales pueden moldear la percepción pública, el acceso a una prensa libre y crítica es más necesario que nunca. El desenlace de esta crisis en Corea del Sur será observado de cerca, tanto por los ciudadanos como por la comunidad internacional, como un termómetro del estado de su democracia.
