En un clima de creciente tensión social en Estados Unidos, manifestantes proyectaron un video crítico contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre el edificio Twin Towers, sobre el centro de detención del organismo en Los Ángeles, California, tras las recientes muertes y enfrentamientos que han sacudido al país.
La animación mostraba la figura de un agente del ICE disparando al suelo mientras aparecían frases como “Nuestros hermanos”, “Nuestros vecinos”, “Nuestra democracia” y “Nuestros derechos”, un llamado a la solidaridad con inmigrantes y comunidades afectadas por las políticas migratorias federales.
La proyección fue parte de una ola de protestas que se han multiplicado desde el 24 de enero en Minneapolis, donde un agente federal de inmigración disparó y mató a Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años, durante una operación de control en la ciudad. Imágenes que circulan en redes sociales muestran a Pretti grabando los hechos con su teléfono y rodeado por agentes momentos antes del tiroteo, lo que ha generado acusaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de ICE.
Compañeros de Alex Pretti rindieron un emotivo homenaje en el hospital de veteranos donde trabajaba el enfermero. El acto central consistió en el retiro de su camilla, cubierta con la bandera de EEUU. A pesar de la retórica oficial que intentó criminalizarlo como un “peligroso pistolero” familiares confirmaron que poseía un arma de fuego y que tenía permiso correspondiente, aunque aseguraron que nunca lo habían visto llevarla consigo. Pretti era un respetado enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
La indignación se ha extendido más allá de Minneapolis. En Los Ángeles y otras ciudades, miles de personas han salido a las calles para exigir justicia, responsabilizar a las autoridades federales y pedir cambios estructurales en las políticas migratorias. Las consignas durante las marchas han incluido desde demandas de abolición de ICE hasta reclamos por el respeto a los derechos humanos y comunitarios.
Como el caso de Renne Nicole, la mujer a la que un agente de ICE mató a disparos durante una operación contra la migración irregular en Minneapolis, y que aún no se ha visto justicia ni una resolución clara por parte de las autoridades.
En Minneapolis, donde ya había ocurrido otro tiroteo fatal por parte de agentes federales a inicios de mes, líderes locales y activistas han propuesto varias medidas para responder a la crisis. Entre las demandas más repetidas están la investigación independiente de las acciones de ICE, la rendición de cuentas de los agentes involucrados, y la retirada de la fuerza federal de la ciudad para reducir tensiones con la población. Gobiernos locales, sindicatos, organizaciones de derechos civiles y personalidades del ámbito cultural han respaldado estas propuestas.
Además, figuras políticas de diversos partidos han pedido una revisión profunda de la financiación y el alcance de agencias como ICE. Algunos legisladores han propuesto limitar el presupuesto de la agencia y redirigir recursos hacia programas comunitarios y de integración para inmigrantes. Otros sectores han abogado por fortalecer los mecanismos de supervisión civil sobre las fuerzas federales para evitar futuros abusos de poder.
Pese a estos reclamos, las autoridades federales han defendido las acciones de sus agentes, argumentando que operan bajo protocolos de seguridad durante las redadas, aunque la evidencia visual y el testimonio de testigos han sido motivo de fuertes críticas. En el centro del debate está la tensión entre la aplicación de la ley y los derechos fundamentales de quienes protestan pacíficamente o documentan operativos oficiales.
En medio de las protestas, diversas voces ciudadanas han resurgido con consignas duras que reflejan el hartazgo sobre la situación: algunos manifestantes han llegado a gritar “Dispárenme en la maldita cabeza, COBARDES!”, una expresión cruda de frustración que, aunque controvertida, evidencia la profunda polarización y desesperación que sienten sectores de la población frente a lo que consideran acciones injustificadas de las fuerzas federales.
Las movilizaciones y debates continúan, con comunidades organizándose para mantener la presión política y social. El impacto de estas protestas podría influir en la agenda pública estadounidense en materia de migración, seguridad y derechos civiles en los próximos meses.
