Para La Nueva Familia Michoacana, traficar drogas ya no es suficiente. Su nuevo modelo de negocio consiste en explotar ilegalmente mercurio y uranio, dos materiales mucho más valiosos que el oro por su poder químico e industrial. Así lo reveló el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al emitir nuevas sanciones contra los hermanos Johnny “El Pez” y José Alfredo “El Fresa” Hurtado Olascoaga, líderes de la organización criminal, así como contra otros miembros de su familia que controlan un esquema de minería clandestina, lavado de dinero y terror armado en el sur de México.
De acuerdo con el informe emitido desde Washington, la organización opera una red paralela a su estructura de narcotráfico, dedicada a la extracción de mercurio —usado para amalgamar oro en procesos artesanales— y al tráfico de uranio, un mineral controlado por el Estado mexicano por su potencial energético y nuclear.
La información, corroborada por agencias de inteligencia de ambos países, indica que Ubaldo Hurtado Olascoaga, hermano de los cabecillas, “El Fresa” y “El Pez”; coordina la explotación de minas clandestinas, mientras que Adita Hurtado Olascoaga administra el lavado de dinero mediante tiendas de ropa usada y otros comercios fachada distribuidos entre México y Estados Unidos.
El Tesoro describió la operación como un modelo híbrido de crimen y minería: un negocio con apariencia de baja escala que genera millones y mantiene viva una maquinaria de violencia que aterroriza poblaciones enteras en Guerrero, Michoacán y el Estado de México.
Y es que el mercurio, elemento tóxico y altamente regulado, se utiliza en la minería artesanal para separar oro y plata. Comercializarlo sin licencia ambiental está prohibido y por eso, las redes criminales lo compran en el mercado negro para despues revenderlo a talleres o minas informales. Expertos estiman que cada litro, puede superar los mil dólares, dependiendo de su pureza y destino.
En paralelo, el uranio, aunque más escaso y vigilado, tiene un valor aún más alto: es considerado material estratégico debido a que su refinación puede emplearse en el sector energético e incluso militar.
Las autoridades norteamericano no han confirmado los volúmenes exactos que estarían manejando pero el solo señalamiento de su tráfico ilegal en manos de un grupo criminal ha encendido las alarmas en ambos gobiernos.
En el caso particular de México, fuentes castrenses reconocen que La Nueva Familia Michoacana opera en zonas mineras del sur del país, particularmente en Guerrero, Oaxaca y Michoacán, donde mantiene campamentos ocultos con maquinaria artesanal y personal reclutado bajo amenazas o pago forzoso. Todo, al tiempo que ésta minería clandestina se realiza en cuevas naturales y pozos abiertos, sin controles de seguridad ni medidas ambientales.
La extracción se transporta en camiones de carga disfrazados como distribuidores de materiales de construcción o ganado, mientras el material es procesado y vendido a intermediarios que lo mueven por rutas hacia el puerto de Lázaro Cárdenas, donde se mezcla con embarques legales rumbo a Asia.
Por su parte, el lavado de dinero se completa con empresas pantalla que importan y exportan ropa usada, electrónica o autopartes. Los reportes del Tesoro apuntan a que las tiendas bajo el control de Adita Hurtado operan tanto en el centro de México como en el sur de Texas, permitiendo el reciclaje de efectivo a través del sistema financiero estadounidense.
La Nueva Familia Michoacana, nacida tras la fractura del cartel original en 2011, mantiene su centro de poder en el oriente de Michoacán y controla territorios en Estado de México y Guerrero. El grupo delictivo, según autoridades norteamericanas, “se ha involucrado en actos de terror y violencia dentro de México y ha utilizado drones para arrojar bombas a sus rivales con total indiferencia a la población civil”. También, a través de la extorsión, los secuestros y la imposición de “cuotas de protección”, la organización financia su maquinaria bélica y protege sus minas ilegales.
En tanto, las comunidades afectadas viven bajo toque de queda al grado que los campesinos prefieren abandonar sus parcelas, ganado y terrenos para evitar ser reclutados o castigados por negarse a colaborar con ellos.
Además de la violencia extrema con la que ejerce su cometido, el uso de mercurio por parte de integrantes de la Nueva Familia Michoacana en zonas serranas, ha provocado la contaminación del agua, sin dimensionar que la exposición prolongada a este metal, provoca daños neurológicos, pérdida de visión y afecciones renales en niños. Incluso los municipios michoacanos de Tuzantla, San Lucas y Tiquicheo, médicos rurales han reportado casos de intoxicación por vapores metálicos.
Mientras, en Guerrero, campesinos denunciaron la desaparición de animales y peces por la filtración de residuos en el agua. Ninguna autoridad ha realizado estudios públicos sobre el impacto ambiental real, pese a los reclamos locales.
Hasta el momento, ni la Fiscalía General de la República ni la Secretaría de Economía han informado si existe una investigación específica sobre la extracción de mercurio o uranio atribuida a la Nueva Familia Michoacana. Solo se sabe que la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene presencia en la zona de Tierra Caliente, pero los enfrentamientos con células armadas son constantes y no se ha logrado neutralizar la estructura económica del grupo.
Así, la información del Departamento del Tesoro podría detonar una serie de órdenes de captura y extradición, como ocurrió en casos anteriores con operadores de Sinaloa y Jalisco, pero el tiempo pasa y todavía no se observa un panorama claro.
Mientras Washington ha incluido a los cuatro hermanos Hurtado Olascoaga en su lista negra, congelando sus bienes y prohibiendo cualquier relación comercial con entidades estadounidenses. México, no ha emitido órdenes de aprehensión públicas ni reacciones directas al informe.
