El presidente Joe Biden prepara una orden ejecutiva que limita las peticiones de asilo y permite cerrar la frontera con México una vez que se rebasen un número determinado de cruces ilegales. La medida será anunciada el martes por el mandatario, quien se hará acompañar de alcaldes de ciudades fronterizas, zonas que se han visto impactadas por el aumento de los flujos migratorios durante la Administración demócrata. El Ejecutivo prepara la medida desde abril. Esta llegará en plena campaña electoral rumbo a los comicios de noviembre, un proceso donde la gestión de la frontera es uno de los temas que más preocupan al electorado.
La orden permitirá a los agentes de inmigración deportar rápidamente a quienes ingresen al país de forma irregular. Aún no se conoce qué techo pondrá el Gobierno para decretar el cierre de la frontera. Fuentes de la Administración aseguran que la cifra máxima de inmigrantes irregulares será de 2.500 diarios a lo largo de una semana. Una vez que se alcance esta cuota, los agentes migratorios comenzarán a retornar rápidamente a los recién llegados a territorio mexicano, como ocurría cuando estaba vigente el pólemico Título 42, durante la pandemia.
Para esto, Biden hará uso de la sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, un recurso utilizado por Donald Trump durante su presidencia para imponer una draconiana política migratoria y evitar entradas a Estados Unidos. El expresidente republicano invocó este texto para llevar a cabo su polémico veto de musulmanes de seis países en 2017. De momento, parece que la orden ejecutiva protege a los menores no acompañados, quienes estarían exentos de la nueva norma.
La orden ejecutiva también endurece el otorgamiento del asilo, una de las protecciones que sirven como pilar de derechos en Estados Unidos. El Gobierno procesa actualmente unas 1.450 solicitudes diarias en los puertos de entrada. Las autoridades migratorias luchan desde hace meses para que estos procesos se inicien en una aplicación móvil y desde el país de origen de quienes desean obtener este derecho. El Departamento de Seguridad Interior, de quien depende la Patrulla Fronteriza, busca que los agentes que realizan las primeras entrevistas para otorgar el asilo tengan una mayor libertad para rechazar pronto a quien no califiquen. Se calcula que hay unos dos millones de peticiones de asilo a la espera de una decisión de los jueces especializados en migración. La gran mayoría de personas aguardan la resolución de sus casos en territorio estadounidense y llevando una vida normal.
Biden lleva meses cocinando la propuesta. Fue a inicios de abril cuando trascendió que el presidente preparaba una medida de control fronterizo. Desde entonces y hasta ahora se ha compartido el espíritu general de la medida, pero no grandes detalles. La Casa Blanca no descarta que la orden ejecutiva sea llevada a los tribunales por organizaciones de defensa de derechos humanos o por Estados republicanos, quienes son muy críticos con la posición del presidente en la gestión fronteriza.
“Cualquier decisión de la Administración de criminalizar a padres, niños e individuos buscando seguridad en nuestra frontera sería una inútil repetición de los errores del pasado”, asegura Marisa Limón, directora ejecutiva del centro Las Américas, de apoyo a migrantes. Esta organización está basada en El Paso, Texas. Se espera que el alcalde de esta ciudad fronteriza sea uno de los que acompañen a Biden en la firma de la orden ejecutiva.
La propuesta llega en un tiempo en el que la frontera registra momentos de tensa calma. Los cruces ilegales cayeron en mayo nuevamente por tercer mes consecutivo. La Patrulla Fronteriza registró 118.000 detenciones (unas 3.800 diarias), una disminución desde los 129.000 cruces detectados en abril. En marzo fueron 137.000. Las cifras distan de las cerca de 250.000 aprehensiones que se hicieron en diciembre de 2023, el mayor mes en la historia desde que se tienen registros. El Gobierno de Estados Unidos ha admitido que la bajada de estas cifras ha sido posible por el freno que las autoridades mexicanas han impuesto a los migrantes que buscan llegar al norte.
La orden ejecutiva será un arma que Biden pueda vender al electorado durante el debate con Trump, programado para el 27 de junio. El republicano, en cambio, tiene entre sus promesas de campaña cerrar la frontera con México en el primer día de su vuelta a la Casa Blanca. Además, ha utilizado su retórica xenófoba y antiinmigrante durante toda la campaña electoral.
El Ejecutivo demócrata ha insistido en que el control migratorio tendría que ser tarea del Poder Legislativo. Solo la acción del Congreso podría asegurar una zona que es prioridad para ambos partidos de cara a los comicios de otoño. Un grupo bipartidista de senadores negociaron durante semanas una ambiciosa norma que contaba con el visto bueno de la Casa Blanca. Esta, sin embargo, fue desechada por los republicanos, quienes no quisieron dar un triunfo a Biden en uno de los flancos más importantes camino a las urnas. Una segunda votación de esta ley fracasó el pasado 23 de mayo, cuando el Senado volvió a negarla. En esta ocasión, varios demócratas la rechazaron criticando que el Gobierno estaba siguiendo pasos antes marcados por el trumpismo.
