La situación de los migrantes en Chiapas continúa siendo un tema crítico. En los últimos días, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y testimonios de migrantes han denunciado una "cacería" por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). Estos operativos se han centrado en hoteles de bajo costo, donde muchas personas en tránsito buscan refugio temporal mientras intentan regularizar su situación o planificar su camino hacia el norte.
En ciudades como Tapachula, considerada una de las principales puertas de entrada de migrantes en México, se han reportado constantes redadas del INM en hoteles de bajo costo. Según relatos de testigos y denuncias de activistas, los operativos se realizan de manera arbitraria, a menudo sin presentar órdenes judiciales ni proporcionar información adecuada sobre los derechos de los detenidos.
Migrantes de diversas nacionalidades, incluidos haitianos, venezolanos y centroamericanos, han señalado que los agentes del INM ingresan a los hospedajes solicitando documentos, detienen a quienes no los tienen en regla y los trasladan a estaciones migratorias saturadas o, en algunos casos, a centros provisionales de detención.
En palabras de un migrante venezolano, "Es como si fuéramos delincuentes. Nos revisan, nos sacan de donde estamos descansando, y a muchos no les explican qué va a pasar con ellos."
Las organizaciones de derechos humanos han denunciado un aumento en las violaciones a los derechos fundamentales de los migrantes durante estos operativos. Entre las acusaciones más graves destacan la separación de familias, el trato indigno hacia mujeres y niños, así como la falta de acceso a asesoría legal o intérpretes para aquellos que no dominan el idioma español.
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano informó que, en algunos casos, los migrantes detenidos son obligados a pagar sobornos para evitar ser trasladados a las estaciones migratorias. Esta práctica agrava su ya precaria situación económica y genera más desconfianza hacia las autoridades.
Por otro lado, dueños de hoteles económicos han expresado preocupación por el impacto negativo que estos operativos tienen en sus negocios. Muchos migrantes, temerosos de ser detenidos, han optado por abandonar los hospedajes y buscar refugio en la intemperie o en casas particulares, donde creen que estarán más seguros.
El INM argumenta que estos operativos buscan garantizar la seguridad y el orden en las zonas con mayor afluencia de migrantes, y asegura que trabajan bajo el marco de la ley. Sin embargo, los defensores de derechos humanos exigen mayor transparencia y apego a los estándares internacionales de protección.
El Instituto ha señalado que su objetivo principal es identificar a personas en situación irregular para ofrecerles opciones de regularización migratoria. Sin embargo, críticos del gobierno consideran que esta narrativa es contradictoria, pues los operativos parecen estar más enfocados en la detención y deportación inmediata que en brindar soluciones humanitarias.
Chiapas se encuentra en el centro de una crisis migratoria que afecta a miles de personas cada año. Ubicado en la frontera sur de México, es uno de los primeros puntos de contacto para quienes intentan llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, el flujo masivo de migrantes ha rebasado las capacidades del sistema migratorio mexicano, derivando en situaciones de hacinamiento, violencia y violaciones de derechos humanos.
En Tapachula, específicamente, los migrantes denuncian la falta de recursos básicos, como alimentos, atención médica y condiciones de seguridad. Muchos también enfrentan un sistema burocrático lento, que dificulta la obtención de permisos de tránsito o refugio.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales han hecho un llamado al gobierno mexicano para que frene estos operativos y adopte medidas más humanitarias. Instan al gobierno a cumplir con los compromisos adquiridos en tratados internacionales de protección a los migrantes y garantizar el respeto de sus derechos fundamentales.
Por su parte, los migrantes solicitan un trato digno, oportunidades de regularización y un entorno más seguro durante su tránsito por el país. Mientras tanto, las denuncias y tensiones siguen en aumento, poniendo de manifiesto la complejidad de una crisis que requiere atención urgente y soluciones integrales.
