El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, confirmó el miércoles que casi 600 mexicanos cruzaron la frontera de Guatemala en busca de refugio, huyendo de la violencia que azota el sur de México. Los refugiados mexicanos habrían llegado a por lo menos dos comunidades en el país vecino y suman ya unas 580 personas, entre niñas, niños, mujeres, hombres y ancianos.
Arévalo explicó en una rueda de prensa, durante la visita a la construcción de un hospital en el departamento de Sololá, que las familias mexicanas que cruzaron la frontera “están escapando a la confrontación entre grupos que tiene lugar del lado de México”. Empezaron a llegar el martes desde Chiapas hasta varios puntos del municipio de Cuilco, en el departamento de Huehuetenango de Guatemala, según contó a The Associated Press la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), que integra el grupo de instituciones que les brindarán atención a las personas movilizadas.
La violencia en Chiapas se ha incrementado en los últimos meses debido a las pugnas entre organizaciones relacionadas con el narcotráfico. Este estado mexicano ha sido escenario de numerosos enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, lo que ha llevado a un aumento en los desplazamientos internos y ahora, al cruce de fronteras en busca de seguridad. Del lado mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas dijo que no había recibido reportes de desplazamientos en la zona, lo que sugiere una posible desconexión entre las autoridades locales y la realidad en el terreno.
Ni la Cancillería ni la Guardia Nacional mexicanas respondieron inmediatamente a un pedido de comentario sobre mexicanos que huyen y buscan refugio en Guatemala. Esta falta de respuesta podría indicar una subestimación del problema o una falta de coordinación entre las diferentes agencias gubernamentales mexicanas.
Por su parte, el gobierno guatemalteco, indicó el presidente Arévalo, coordina atención para ellos a través del Ministerio de Defensa y autoridades locales del departamento de Huehuetenango y de la Municipalidad de Cuilco. Esta atención incluye la provisión de alimentos, albergue temporal y atención médica básica. Según un informe al que tuvo acceso AP sobre esa atención para los refugiados mexicanos en Guatemala, las familias desplazadas denunciaron que decidieron abandonar sus hogares ante la escasez de alimentos y la conflictividad entre grupos del crimen organizado en esa zona.
La situación en Chiapas es una muestra más de la crisis de seguridad que vive México en varias de sus regiones. La violencia generada por el narcotráfico no solo afecta a los individuos directamente involucrados en estas actividades ilícitas, sino también a las comunidades enteras que se ven atrapadas en medio de estos conflictos. La migración forzada de estos 580 mexicanos hacia Guatemala es un claro indicador de la desesperación y la urgencia con la que estas personas buscan protegerse a sí mismas y a sus familias.
El cruce de fronteras en busca de refugio también plantea desafíos significativos para Guatemala, un país que ya enfrenta sus propios problemas de seguridad y desarrollo. La llegada de estos refugiados requerirá una respuesta coordinada y efectiva para garantizar su bienestar y seguridad, y evitar que se agraven las tensiones locales.
El presidente Arévalo ha demostrado su compromiso con los derechos humanos y la protección de los refugiados al coordinar la asistencia necesaria para estas familias mexicanas. Sin embargo, la situación subraya la necesidad de una mayor cooperación regional para abordar los problemas de seguridad y migración en América Central y México. La violencia y el desplazamiento forzado no son problemas que puedan ser resueltos por un solo país; requieren una respuesta multilateral y un esfuerzo conjunto para abordar las causas subyacentes de la violencia y proporcionar soluciones sostenibles para los afectados.
La huida de casi 600 mexicanos hacia Guatemala es una manifestación más de la crisis de seguridad que afecta a la región. La respuesta del gobierno guatemalteco ha sido inmediata y coordinada, pero se necesita una mayor colaboración regional para abordar estos desafíos de manera efectiva y sostenible. La protección de los derechos humanos y la provisión de asistencia a los refugiados deben ser prioridades para todos los países involucrados en esta crisis.
