Lo que comenzó como una imagen en un evento cultural terminó en denuncia ante la autoridad ambiental. Una regidora de Ocotlán, Jalisco, fue captada cargando un mono araña, especie en peligro de extinción, durante un acto público, lo que derivó en una denuncia presentada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por posible posesión ilegal de fauna silvestre.
En las imágenes difundidas se observa a la funcionaria sosteniendo al ejemplar en pleno evento. Posteriormente, la propia regidora declaró que el animal “solo se lo habían prestado”, intentando deslindarse de la posesión directa. Sin embargo, la legislación ambiental mexicana es clara: los ejemplares de especies en riesgo requieren permisos específicos para su posesión, manejo y traslado.
El caso escaló cuando comenzaron a circular más fotografías en las que la regidora aparece posando con otros animales exóticos, entre ellos una serpiente, lo que intensificó el cuestionamiento público sobre su relación con la fauna silvestre.
En otro video difundido por medios, incluso se observa a la funcionaria en un día previo al del evento en donde se encuentra con el ejemplar, quien disfruta un mango, siendo otra prueba de que en realidad el mono siempre ha estado en su posesión, lo que aumentó la indignación en redes sociales y activó la intervención formal de Profepa.
El mono araña está catalogado como especie en peligro de extinción en México debido al tráfico ilegal y la pérdida de hábitat. La posesión sin autorización puede derivar en sanciones administrativas e incluso penales.
Más allá de la responsabilidad individual, el caso reabre un debate recurrente: la normalización social de tener fauna silvestre como mascota, práctica que alimenta el mercado ilegal y pone en riesgo tanto a los animales como a las personas.
En este caso, la polémica no solo es ambiental, sino también política. Una funcionaria pública quedó exhibida en una práctica que la ley busca erradicar. Y la pregunta ahora no es solo si “lo pidió prestado”, sino si desde el servicio público se puede trivializar la protección de especies en riesgo.
