
La plaza principal de Culiacán, que apenas el 10 de septiembre se promocionaba como escenario de conciertos y espectáculos patrios con artistas locales, nacionales e internacionales, amaneció sin preparativos. Por segundo año consecutivo, el gobierno de Sinaloa decidió cancelar la celebración del Grito de Independencia en la capital del estado.
El anuncio lo hizo el propio gobernador Rubén Rocha Moya la tarde del 14 de septiembre, a través de un escueto mensaje difundido en sus redes sociales, explicando primero por qué hasta hace unos días se habían confirmado los festejos patrios.
Después, quiso justificar la medida bajo el disfraz de ser una decisión acertada, en beneficio de los ciudadanos.
El detonante inmediato de la decisión ocurrió el 13 de septiembre en el municipio de Navolato, donde una mujer que viajaba con su familia murió víctima de una bala perdida en medio de una balacera. En el mismo ataque, dos guardias de turismo resultaron heridos. Testigos relataron escenas de pánico mientras sicarios disparaban contra vehículos y negocios, al tiempo que incendiaban un hotel en la periferia.
Las imágenes mostraban llamas devorando habitaciones y techos, confirmando lo que expertos en materia de seguridad han catalogado como “narcoterrorismo”: ataques directos a la población civil y a la infraestructura gubernamental para sembrar miedo.
Hoy, en lugar de una fiesta, únicamente habrá un acto cívico en el Palacio de Gobierno, al que solo asistirán representantes de los poderes estatales, del Ejército y de la Guardia Nacional.
Con esta decisión, Culiacán se une a otros municipios que también han cancelado festejos por la violencia, no solo en Sinaloa, sino también en ayuntamientos de Veracruz y Michoacán.
El recuerdo golpea de inmediato. Justamente hace un año, en 2024, la plaza central de Culiacán también fue silenciada. Aquella vez, cuando apenas comenzaba la pugna interna entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa, también se apagó la fiesta. Dos años seguidos sin música, sin juegos artificiales, sin niños corriendo con banderas tricolores en la mano… Dos años en que el grito de “¡Viva México!” se reduce a un eco dentro de un salón oficial rodeado por militares.
Para las familias sinaloenses, la repetición no es un dato en la estadística: es una herida abierta. Lo que en otras ciudades es fiesta multitudinaria, en Culiacán se convierte en un acto solemne y hermético, donde la ausencia de la gente pesa más que cualquier discurso.
La verbena que debía unir a la comunidad queda reemplazada por un protocolo frío, sin música ni color.
El trasfondo está en una fecha que nadie olvida: 25 de julio de 2024. Ese día, en Santa Teresa, Nuevo México, fue capturado el legendario narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, el líder más longevo del Cártel del Pacífico. Su caída, lejos de traer calma, abrió una fractura que a la fecha parece imposible de resanar.
Desde entonces, los seguidores del “Mayo” y los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “Los Chapitos”, se disputan las calles, los territorios y las rutas de droga.
La guerra se siente en cada esquina, mientras las cifras hablan solas: en apenas un año, los homicidios aumentaron más de 400 %. Pero más allá de los números, lo que duele son las escenas: narcobloqueos, gente asaltada y despojada de sus bienes, negocios ardiendo en llamas, casas y vehículos rafagueados con armas de grueso calibre… Solo por mencionar algunos hechos que evidencian la violencia exacerbada en Sinaloa.
Así, la cancelación del Grito no es un simple hecho aislado: es el vivo retrato de la delicada situación que los sinaloenses llevan atravesando por más de un año.
Tiendas que bajan cortinas antes de anochecer, escuelas que suspenden actividades porque afuera hay balaceras, colonias enteras que se repliegan al escuchar detonaciones y niños que, en vez de aprender matemáticas, aprenden a resguardarse en sitios seguros para no ser alcanzados por alguna bala perdida.
De esta forma, la vida cotidiana se va encogiendo entre el miedo y la costumbre. Ahora, la noche del 15, que debía iluminarse de verde, blanco y rojo, se quedará en la penumbra. Ese vacío duele más que los fuegos artificiales que no explotan: duele porque confirma que la violencia ha colonizado también el calendario de las celebraciones.
Y aunque el mensaje del gobernador Rocha Moya pretendía generar cercanía y responsabilidad, el trasfondo es claro: no hubo condiciones para reunir a la gente en la plaza y mucho menos brindarles seguridad. En un estado donde la violencia impone las reglas, la cancelación se lee como una señal de que el crimen organizado tiene la capacidad de dictar cuándo se puede, y cuándo no, gritar “¡Viva México!”.