Ya hay sentencia en uno de los casos más graves de violencia política en el Estado de México. María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco, fue sentenciada a 70 años de prisión por el delito de homicidio calificado, tras comprobarse que ordenó el asesinato del síndico municipal Miguel Ángel Lara de la Cruz.
Recordemos que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que María Elena Martínez Robles, exalcaldesa del municipio de Amanalco, fue declarada culpable del delito de homicidio calificado por haber ordenado el asesinato del síndico municipal Miguel Ángel Lara de la Cruz, ocurrido el 25 de enero de 2023. En el ataque armado también perdió la vida el chofer del funcionario municipal, quien lo acompañaba al momento de la agresión.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales presentadas durante el proceso judicial, la entonces presidenta municipal habría instruido de manera directa la ejecución del síndico como parte de una estrategia para conservar el control político y administrativo del ayuntamiento. La Fiscalía detalló que el crimen se habría cometido debido a desacuerdos internos dentro de la administración municipal, ya que Miguel Ángel Lara de la Cruz representaba un “obstáculo” para la toma de decisiones impulsadas desde la presidencia municipal.
Durante el proceso judicial, el Ministerio Público acreditó la colusión entre la entonces alcaldesa y el grupo criminal, así como la planeación previa del ataque, lo que derivó en la sentencia máxima por homicidio calificado. Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado de México impuso una pena de 70 años de prisión y le ordenaron pagar 200 mil pesos a cada familia de los afectados como reparación de daños, marcando un precedente en casos donde autoridades municipales utilizan al crimen organizado para resolver disputas de poder.
El caso ha generado impacto a nivel estatal y nacional, al evidenciar los vínculos entre política local y estructuras criminales, y refuerza el mensaje de que estos delitos pueden alcanzar consecuencias penales severas. Además, es una llamada de atención a los dirigentes de partidos políticos que unen a sus filas a servidores públicos con nulos valores morales y fuertes ambiciones económicas.
