La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en colaboración con las autoridades de salud del estado de Puebla, ha suspendido y busca clausurar definitivamente el consultorio de Marilyn Cote, una abogada que se hacía pasar por psiquiatra sin poseer la certificación adecuada para ejercer esta profesión. La decisión se tomó a raíz de “irregularidades graves”, como la falta de documentación y la usurpación de funciones, que ponen en riesgo la seguridad de los pacientes que acudían a su establecimiento.
Según un comunicado emitido por Cofepris, el 7 de noviembre se ordenó la suspensión de actividades en el consultorio “Neuropsychology: Clinic Marilyn Cote”, ubicado en el consultorio 1706, Torre II, piso 17, de las Torres Médicas Angelópolis en Puebla. Además, se prohibió la publicidad del consultorio al incumplir con varios artículos de la Ley General de Salud y su Reglamento en Materia de Publicidad, lo que implica que la promoción de sus servicios también está bajo investigación.
Durante las visitas de verificación realizadas los días 6 y 7 de noviembre, inspectores de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) de Puebla constataron que el consultorio operaba sin aviso de funcionamiento, licencia sanitaria, ni certificación académica de su personal. Cofepris confirmó que estos documentos son indispensables para ofrecer servicios de salud en el país y que, al no contar con ellos, la clínica de Cote representaba un riesgo para los pacientes.
Ante estas irregularidades, las autoridades colocaron sellos de suspensión en el consultorio, impidiendo el acceso al lugar y promoviendo una denuncia formal por la usurpación de funciones. Esta medida tiene como objetivo mitigar cualquier riesgo sanitario al que la población podría haberse visto expuesta por los tratamientos que Cote ofrecía sin el respaldo legal y académico adecuado.
El caso de Marilyn Cote cobró notoriedad en redes sociales cuando usuarios comenzaron a denunciar que la abogada se presentaba como “especialista en desórdenes mentales” en Estados Unidos y los Países Bajos. En sus anuncios, Cote aseguraba que podía “curar la depresión en tan solo 8 días” y recetaba medicamentos controlados, a pesar de que sus credenciales académicas no incluían una especialidad en psiquiatría o neuropsicología. Según la información disponible, Cote cuenta únicamente con una licenciatura en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, una maestría en Criminalística y un doctorado en Psicología, títulos que no la capacitan para ejercer como psiquiatra.
La situación generó una gran preocupación, ya que muchos pacientes pueden haber sido expuestos a tratamientos inadecuados e, incluso, peligrosos. La Cofepris emitió una recomendación a la ciudadanía para que, al buscar atención médica, verifique que los establecimientos y profesionales de la salud cuenten con las certificaciones necesarias y que sus datos sean comprobables.
Cofepris anunció que ha brindado apoyo a las autoridades estatales de Puebla para que se emita una resolución de clausura definitiva del consultorio de Marilyn Cote, así como una sanción económica por las faltas graves cometidas. Además, la comisión sanitaria está impulsando una denuncia formal por usurpación de funciones, un delito que, según el Código Penal Federal, puede castigarse con una pena de uno a seis años de prisión y una multa de entre cien y trescientos días.
Esta semana, la Fiscalía General de Puebla confirmó que abrió una investigación de oficio para indagar las actividades de Cote, aunque hasta el momento no se ha presentado una denuncia penal formal en su contra. Gilberto Higuera Bernal, fiscal general del estado, declaró en conferencia de prensa que la investigación buscará aclarar los hechos y determinar la responsabilidad penal de la implicada.
El caso de Marilyn Cote pone en evidencia los riesgos de la publicidad engañosa en temas de salud, en especial cuando involucra condiciones tan sensibles como los trastornos mentales. La Ley General de Salud prohíbe expresamente la promoción de tratamientos sin sustento científico o sin el aval de las autoridades sanitarias, con el fin de proteger a los usuarios de caer en prácticas fraudulentas o potencialmente peligrosas.
La Cofepris ha reiterado su compromiso de actuar contra cualquier establecimiento que incumpla con los requisitos legales en temas de salud, recordando a la ciudadanía que pueden realizar denuncias anónimas a través del número 800 033 5050 o mediante el sitio web de la comisión. Esta línea permite a los usuarios reportar irregularidades en establecimientos o servicios de salud y contribuir a la vigilancia sanitaria en el país.
La suspensión y clausura del consultorio de Marilyn Cote marca un precedente importante en la regulación de los servicios de salud en México. Este caso subraya la necesidad de un mayor control sobre quienes ejercen prácticas de salud y sobre el tipo de publicidad que se permite en este sector, especialmente en áreas tan delicadas como la psiquiatría y la neuropsicología.
Para las autoridades sanitarias, es crucial continuar con la vigilancia de los servicios de salud y fortalecer las sanciones contra aquellos que pongan en riesgo la integridad de los pacientes. Al mismo tiempo, la ciudadanía debe estar informada sobre sus derechos y los criterios de calidad que deben cumplir los profesionales de la salud para evitar caer en fraudes o tratamientos no comprobados.
El caso de Marilyn Cote ha provocado un llamado de alerta sobre los servicios de salud y la importancia de garantizar que quienes ejercen en el área médica cuenten con la preparación y certificación necesarias. Cofepris ha reiterado que seguirá vigilando que estos criterios se cumplan, buscando que los servicios de salud en México sean seguros y confiables para la población.
