Un video de más de 14 minutos que circula en redes sociales ha provocado indignación y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de elementos en el municipio de Peribán, Michoacán. En las imágenes, difundidas se observa a uniformados, presuntamente integrantes del Ejército Mexicano, agrediendo físicamente a un joven dentro de un establecimiento de máquinas tragamonedas.
La grabación, captada por una cámara de seguridad del negocio, muestra a al menos cinco personas vestidas con equipo táctico alrededor de la víctima, quien se desempeña como encargado del local. En varios momentos, los supuestos militares lo golpean con tablazos y puños en la cabeza y la cara, lo empujan y lo azotan contra las máquinas, mientras uno de los agresores profiere amenazas directas.
Durante la agresión, uno de los hombres graba y le exige responder preguntas, intentando obligarlo, bajo amenazas de muerte, a declarar que trabaja para el crimen organizado particularmente como “halcón”, término empleado para referirse a informantes o vigilantes de grupos delictivos. El joven niega reiteradamente cualquier vinculación con actividades ilícitas.
La violencia verbal y física se intensifica a tal grado que uno de los agresores llega a exclamar frases tales como “somos la muerte; somos la verga”, mientras continúan golpeándolo de manera sistemática. Las escenas han generado reacciones de usuarios en redes y han avivado el debate sobre la actuación de las fuerzas federales en zonas con presencia de violencia criminal.
Tras la difusión del material, fuentes oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informaron que ya se dio parte al Ministerio Público (MP) para que se investigue a fondo el incidente.
Peribán y sus alrededores han sido escenarios de operativos federales como parte del llamado Plan Michoacán, una estrategia que busca combatir la violencia y la presencia de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación. La continua disputa por territorio y las denuncias sobre extorsiones a productores y comerciantes han colocado a la región en el centro de tensiones entre comunidades, autoridades y grupos armados.
Este nuevo video ha reavivado las discusiones sobre el respeto a los derechos humanos y los mecanismos de supervisión en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas, además de poner en relieve la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos e impartir justicia. Será el Ministerio Público quien determine las acciones legales a seguir.
