El Congreso del Estado de Campeche aprobó recientemente una reforma legal que está generando una enorme controversia. Se trata de una iniciativa impulsada por la gobernadora Layda Elena Sansores, del partido Morena, que modifica las condiciones en las que el gobierno estatal puede expropiar terrenos y propiedades privadas. El gobierno justificó que la ley anterior dejaba desprotegidos a los ciudadanos.
La nueva legislación permite a las autoridades ocupar o expropiar predios que consideren de “utilidad pública”, sin que los propietarios tengan un proceso largo para defenderse. De hecho, el plazo que establece esta reforma para presentar una defensa legal es de solo cinco días. Después de eso, podrían perder sus propiedades de forma definitiva.
¿Y qué se entiende por “utilidad pública”? El término, aunque suena noble, es bastante amplio y ambiguo. Puede incluir desde obras de infraestructura, proyectos de desarrollo social… o lo que el gobierno determine como necesario para el bienestar común.
¿POR QUÉ ESTA REFORMA ES POLÉMICA?
La razón principal por la que esta reforma ha levantado tantas críticas es por el riesgo de abuso de poder. Diversos analistas, abogados y ciudadanos consideran que se está abriendo la puerta a que el gobierno estatal use esta facultad de forma discrecional, incluso con fines políticos o de revancha.
Uno de los puntos más sensibles del debate es que los afectados solo tienen cinco días para defender su propiedad. Si no logran presentar pruebas, asesoría legal o interponer un recurso en ese corto lapso… pierden su terreno o casa. Así de simple. Aunque por supuesto, los puntos de vista cambian respecto al área involucrada.
Diversos medios y voces en redes sociales han especulado que esta reforma podría tener una dedicatoria muy directa: el actual senador del PRI y exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como “Alito”.
Según estas versiones, la reforma permitiría al gobierno de Sansores avanzar legalmente en la expropiación de varias propiedades que pertenecerían al exmandatario en territorio campechano. Recordemos que Layda Sansores y Alejandro Moreno han mantenido un enfrentamiento político intenso en los últimos años, con acusaciones, filtraciones y denuncias públicas de ambos lados.
En México, la expropiación por causa de utilidad pública está contemplada en la Constitución. Sin embargo, debe seguir un procedimiento legal claro, que garantice el derecho de audiencia, defensa y compensación justa al afectado.
