En el municipio de Felipe Carrillo Puerto, autoridades estatales acudieron al domicilio de Rosalía para entregarle una caja de complejo B, la cual —de acuerdo con la información oficial difundida— había sido solicitada por la propia beneficiaria como parte de su atención médica. La visita fue documentada y difundida en redes sociales institucionales como una acción de respaldo y acompañamiento gubernamental.
Durante el encuentro, representantes del gobierno estatal señalaron que dialogaron con Rosalía para exhortarla a cuidar su salud y recordarle que no se encuentra sola, al asegurar que cuenta con el respaldo de un gobierno que se define como humanista y con enfoque feminista.
En el mensaje compartido públicamente, se destacó que la actual administración trabaja para llevar el bienestar a todos los rincones del estado, particularmente a los sectores más vulnerables, bajo la consigna de “no dejar a nadie atrás”. Asimismo, se reiteró el llamado a alzar la voz, aunque se subrayó que los canales institucionales son los adecuados para atender las demandas ciudadanas, en una referencia directa a la postura de la gobernadora Mara Lezama frente a las protestas sociales.
Sin embargo, la publicación no tardó en generar reacciones críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el manejo mediático del caso y el discurso oficial. En la llamada “opinión ciudadana”, se acusó a la mandataria de confrontar a mujeres que se manifiestan y de intentar desacreditarlas por ejercer su derecho a protestar. “Una mujer que agrede a otras mujeres”, se lee en algunos comentarios, al considerar que la atención médica no debería presentarse como un favor político, sino como una obligación del sistema de salud pública.
En semanas recientes, Quintana Roo ha sido escenario de manifestaciones por la falta de medicamentos, insumos médicos y atención especializada en hospitales públicos del estado. Pacientes, familiares y personal de salud se han movilizado en municipios como Chetumal, Cancún y Playa del Carmen, denunciando desabasto de tratamientos, retrasos en cirugías y carencias básicas para la atención de enfermedades crónicas. Las protestas han surgido como respuesta a la ausencia de soluciones institucionales, obligando a los afectados a recurrir a la presión pública para exigir el cumplimiento del derecho a la salud.
Diversas voces recordaron que los hospitales generales y las instituciones de salud están legalmente obligados a brindar atención a toda la población, exista o no una manifestación previa. Incluso, algunos usuarios ironizaron que, bajo esa lógica, sólo quienes protestan reciben atención, por lo que “habrá que comenzar a manifestarnos todos” para acceder a servicios básicos.
El caso reavivó el debate sobre el acceso efectivo a la salud, la utilización de apoyos médicos con fines propagandísticos y la relación entre las autoridades y la ciudadanía que recurre a la protesta como último recurso para ser escuchada. Mientras el gobierno defiende su cercanía con la gente y su política de bienestar, sectores ciudadanos exigen que los derechos básicos se garanticen de manera universal, sin condicionamientos ni exposición mediática.
