Este jueves, más de 700 trabajadores del sector público han presentado la primera demanda de amparo contra las reformas que dieron origen al Fondo de Pensiones para el Bienestar, una iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Estos trabajadores, pertenecientes a diversas dependencias del gobierno federal, han recurrido a la protección de la justicia federal al considerar que sus ahorros están en riesgo debido a las modificaciones realizadas a las leyes del IMSS, Infonavit, Sistema de Ahorro para el Retiro, y de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para crear dicho fondo.

De acuerdo con la defensa de los trabajadores, las reformas en vigor son inconstitucionales porque tienen carácter retroactivo y vulneran el principio de seguridad jurídica.

"Anunciamos también que en las próximas semanas cientos de trabajadores del INEGI, de la Comisión Nacional Bancaria, de la Guardia Nacional, así como del Instituto Nacional Electoral y varias dependencias federales más procederán a presentar sus demandas de amparo para que sus ahorros no se vean afectados por irse a este llamado fondo del Bienestar", señalaron sus abogados en un video difundido en redes sociales.

Este movimiento legal representa una respuesta significativa por parte de los trabajadores del gobierno federal, quienes buscan proteger sus intereses económicos ante los cambios estructurales propuestos por el gobierno. La incertidumbre sobre el impacto de estas reformas en sus futuras pensiones ha llevado a este grupo a tomar medidas legales para salvaguardar sus derechos adquiridos.

La creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar ha generado debate y preocupación entre los trabajadores del sector público, quienes ven en estas modificaciones una amenaza potencial para su estabilidad financiera en el retiro. La retroactividad de las reformas y su posible impacto en los ahorros acumulados durante años de servicio son motivos de preocupación que impulsan a estos trabajadores a buscar protección legal.

El anuncio de que cientos de trabajadores de diferentes dependencias federales seguirán el ejemplo y presentarán demandas de amparo en las próximas semanas refleja la magnitud del descontento y la preocupación en este sector. Esta acción colectiva demuestra la determinación de los trabajadores por defender sus derechos y mantener la seguridad de sus ahorros ante los cambios propuestos en el sistema de pensiones.

En este contexto, el proceso legal que han iniciado estos trabajadores del sector público marca el inicio de una batalla legal que podría tener importantes repercusiones en el ámbito laboral y político. La resolución de estas demandas de amparo será clave para determinar el alcance y la legalidad de las reformas propuestas y su impacto en los derechos de los trabajadores del gobierno federal.