El Senado de la República aprobó en comisiones la propuesta de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025, que incluye cambios importantes a la Ley Federal de Derechos, que, entre otras disposiciones, plantea que una parte de los recursos provenientes del derecho de uso y explotación de aeropuertos federales se destinen a las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el dictamen aprobado, el 60% de esos ingresos se asignará a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el 40% restante a la Secretaría de Marina (Semar).
Esta modificación generó una fuerte discusión en el Senado, donde los legisladores de Morena, el partido oficialista, respaldaron la propuesta, mientras que la oposición expresó serias preocupaciones sobre la transparencia y la claridad en la asignación de los recursos. La principal crítica de los opositores se centró en el hecho de que ciertos ingresos por derecho, a pesar de ser recaudados, no están etiquetados y son planteados como “sin destino específico para gasto público”.
De acuerdo con el dictamen aprobado, la Ley de Ingresos establece que el 67% de los recursos recaudados por el derecho de uso para turistas extranjeros se destinen a la Secretaría de la Defensa Nacional. El 33% restante será concentrado en la Tesorería de la Federación, pero como recursos no especificados para el gasto público. Esta decisión también ha generado inquietudes entre algunos legisladores, quienes temen que la falta de un destino claro pueda llevar a un uso discrecional de los recursos.
Por otro lado, también se contempla que el 83% de los ingresos provenientes del derecho establecido en el artículo 12 de la Ley de Derechos, relacionados con programas migratorios, sean destinados al Instituto Nacional de Migración (INM). El 17% restante de estos recursos se concentrará en la Tesorería de la Federación, sin especificar su uso, lo que ha sido otro punto de controversia.
Una de las voces críticas fue la priista Cristina Ruiz, quien expresó la necesidad de que estos recursos no sean dejados sin etiquetar, pues la falta de claridad sobre el destino de estos millones de pesos podría abrir la puerta a la discrecionalidad en su manejo. En este contexto, Ruiz propuso que el dinero recaudado se destinara específicamente a atender a los mexicanos repatriados, lo cual, según su planteamiento, daría mayor transparencia al proceso.
Eugenio Segura, senador de Morena, defendió la propuesta asegurando que el aumento proyectado de los ingresos del 5.4% no se lograría mediante la creación de nuevos impuestos, sino a través de una mayor eficiencia en la recaudación y de medidas orientadas a ampliar la base tributaria, lo que permitiría una mayor captación de recursos sin generar cargas adicionales para la población.
Por su parte, Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional (PAN), acusó al gobierno de presentar un proyecto “engañoso”. Señaló que la previsión de crecimiento económico entre 2 y 3 por ciento, junto con la estimación de que las tasas de interés se mantendrán en un 8%, son poco realistas, especialmente en un contexto económico global incierto. Anaya también cuestionó la meta de producir 1.9 millones de barriles diarios de petróleo, considerándola una expectativa demasiado optimista.
Claudia Anaya, del PRI, también se sumó a las críticas, proponiendo que se volviera a implementar la distribución de los recursos recaudados por el derecho de extracción minera a los municipios donde se lleva a cabo esta actividad. Anaya recordó que en el pasado, estos municipios recibían el 62.5% de lo recaudado por la minería, pero actualmente no reciben nada, lo que afecta a localidades que ya enfrentan altos índices de pobreza y devastación. La senadora destacó que estos recursos podrían utilizarse para financiar proyectos de infraestructura y mejorar las condiciones de vida en esas regiones.
La Ley de Ingresos 2025 sigue siendo un tema de debate en el Senado, con diferencias marcadas entre los grupos parlamentarios. Mientras que el oficialismo defiende el proyecto como un paso hacia la consolidación de las finanzas públicas y la eficiencia recaudatoria, la oposición exige mayor claridad y transparencia en la distribución de los recursos, especialmente en aquellos que no están específicamente etiquetados para un gasto determinado.
A medida que avance el proceso legislativo, es probable que se presenten más propuestas de modificación y que la Ley de Ingresos 2025 pase por nuevas revisiones antes de ser finalmente aprobada.
