El ministro José Fernando Franco González-Salas desechó por "improcedencia" la acción de inconstitucionalidad que promovió el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la llamada "Ley Bonilla", con la que se amplió de dos a cinco años el periodo de gobierno de Jaime Bonilla en Baja California.
"Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la acción de inconstitucionalidad 124/2019, promovida por quien se ostenta como Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral", señaló en la lista de acuerdos.
No obstante, a la fecha suman siete los medios de control constitucional que se interpusieron para impugnar la "Ley Bonilla", mismos que ya fueron admitidos a trámite por el ministro.
Ellos fueron promovidos por PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, el Partido de Baja California y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a las que se suma la controversia constitucional que interpuso la administración del exgobernador Francisco Vega de Lamadrid.
Un juicio para la protección de los derechos electorales ciudadanos, dirigido a interferir la "Ley Bonilla" fue interpuesto por el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)) en Mexicali, Ernesto Elorduy Blackaller, ante el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California.
El procedimiento judicial se suma a la serie de recursos legales interpuestos contra la ampliación de mandato decretado por la XXII Legislatura local, a través de la reforma al Octavo Transitorio Constitucional.
Ernesto Elorduy dio a conocer que el recurso lo presentó en el tribunal local, al igual que en el Tribunal federal, dirigido a poner a salvo los derechos electorales de los ciudadanos y preservar el Estado de Derecho en la entidad.
Explica que el recurso de inconformidad surge porque las reformas que emitió el Congreso del estado afectaron a los ciudadanos en los derechos político-electorales, sufragados el 2 de junio.
En los pasados comicios ganó Jaime Bonilla Valdez, quien finalmene tomó posesión por un periodo de cinco años, aunque faltan resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que realmente se extienda el mandato.
Los procedimientos que entregó la Coparmex se suman a los de partidos políticos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos , y el propio Instituto Nacional Electoral.
Partidos y organismos sociales esperan que los recursos se resuelvan el año entrante.
El Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la llamada “Ley Bonilla”, que amplía de dos a cinco años el periodo de mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.
En la lista extraordinaria de notificaciones, la SCJN instruyó que se forme y registre el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad que hace valer quien se ostenta como Secretario Ejecutivo del INE.
Ordenó turnar este asunto al ministro Fernando Franco González-Salas, para que instruya el procedimiento correspondiente, al haber sido designado instructor en la acción de inconstitucionalidad antes mencionada.
Explicó que, dado a que existe identidad respecto del decreto legislativo impugnado en este asunto y el controvertido en las acciones de inconstitucionalidad del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, del Partido de Baja California y de la CNDH, "se decreta la acumulación de este expediente a los citados medios de control de constitucionalidad".
