La senadora Lilly Téllez solicitó públicamente al presidente de Argentina, Javier Milei, no extraditar a México al contralmirante Fernando “N”, quien fue detenido en ese país, al advertir que su vida correría peligro debido a la información que posee sobre una red de huachicol fiscal.
A través de un video difundido en sus redes sociales, la legisladora aseguró que este esquema ilegal representaría el mayor caso de corrupción en la historia reciente del país, con un impacto económico estimado en alrededor de 600 mil millones de pesos. De acuerdo con su versión, en esta red estarían involucrados elementos de la Marina, funcionarios públicos y personas cercanas tanto al expresidente Andrés Manuel López Obrador como a la actual presidenta Claudia Sheinbaum, quienes habrían obtenido ganancias millonarias mediante el tráfico ilegal de combustible.
El llamado huachicol fiscal es un mecanismo de evasión y contrabando de hidrocarburos que consiste en importar combustibles bajo declaraciones falsas para evitar el pago de impuestos o introducirlos ilegalmente al país, lo que genera pérdidas millonarias para el erario. Este fenómeno ha sido señalado en diversas investigaciones como una evolución del robo de combustible tradicional, trasladándose del ámbito físico de ductos a esquemas financieros y aduaneros más complejos.
En ese contexto, la detención del contralmirante Fernando “N” en Argentina se dio en medio de investigaciones internacionales sobre estas redes. El mando naval, identificado como sobrino de un exsecretario de Marina durante el gobierno de López Obrador, fue localizado y arrestado por autoridades argentinas tras una orden de búsqueda vinculada a presuntos delitos relacionados con el contrabando de combustibles. Su captura ha sido considerada relevante debido a que, por su trayectoria y vínculos, podría contar con información estratégica sobre la operación interna de estas estructuras.
Durante su mensaje, Téllez argumentó que existen antecedentes de muertes de personas vinculadas con este caso, lo que, a su juicio, refuerza el riesgo que enfrentaría el contralmirante en caso de ser entregado a las autoridades mexicanas. Entre los nombres que mencionó se encuentra el del contralmirante Fernando Guerrero, quien habría denunciado la participación de familiares del entonces secretario de Marina en la red delictiva y posteriormente fue asesinado.
Asimismo, señaló otros casos como el de Magali Nava, fiscal que investigaba el tema; Carlos Narváez, exfuncionario aduanero; el capitán Abraham Pérez, cuya muerte fue catalogada como suicidio sin que, según dijo, se aclararan las circunstancias; y el capitán de navío Adrián del Ángel, quien falleció en un supuesto accidente durante una práctica de tiro. La senadora sostuvo que estos hechos evidencian un patrón que no ha sido esclarecido.
En este escenario, Téllez consideró que el temor del contralmirante detenido es fundado y advirtió que, de ser extraditado, podría convertirse en una nueva víctima. Señaló que el militar tendría información clave para revelar los nombres de quienes, según su postura, integran una red de corrupción vinculada al huachicol fiscal.
La legisladora pidió que el gobierno argentino retenga al detenido para que pueda declarar libremente y, según dijo, dar a conocer información relevante sobre presuntos actores políticos involucrados. También calificó al contralmirante como “la punta del iceberg” de una estructura que, afirmó, se originó durante la administración de López Obrador y continuaría en el actual gobierno encabezado por Sheinbaum.
