La iniciativa de reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobada en el pleno de la Cámara de Diputados el pasado 27 de mayo. Con estas se busca aplazar las elecciones judiciales para 2028 y, con ello, redefinir la fecha de la revocación de mandato. Además, fue aprobada la iniciativa que tiene como fin establecer la injerencia extranjera como causal para anular comicios.
En medio de discusiones entre los integrantes del oficialismo y de la oposición, se debatió durante 15 horas en San Lázaro este paquete de reformas constitucionales para modificar aspectos de los procesos electorales en el país.
El dictamen que busca modificar la fecha de las elecciones judiciales para el domingo 4 de junio de 2028 fue aprobado por el pleno con mayoría calificada: 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones. Esto permitió avanzar la iniciativa a la siguiente etapa legislativa.
De llegarse a aprobar el proyecto, la renovación de algunos cargos del Poder Judicial se alineará con el nuevo calendario planteado en estas reformas. Dichas renovaciones forman parte de los cambios derivados del nuevo modelo de elecciones populares para jueces, magistrados y ministros.
El oficialismo, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha expuesto que con estas modificaciones constitucionales se facilitará la organización institucional y administrativa para implementar de manera correcta el nuevo sistema judicial de la nación. Además del cambio de fecha de comicios, la reforma incluye precisiones sobre el tiempo que ocuparán los cargos de magistrados de circuito y jueces de distrito.
Uno de los puntos controversiales de la reforma es la modificación al artículo cuarto transitorio del decreto publicado en septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación. Con esta se planteó que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral que actualmente ocupan un cargo puedan participar nuevamente en las elecciones que se realizarán en 2028.
Además, se incluye una modificación al artículo 35 de la Constitución que busca establecer nuevas reglas acerca de la revocación de mandato presidencial. Dicha iniciativa fue impulsada por el diputado Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo, quien mencionó que este proceso se llevará a cabo el primer domingo de junio del cuarto año del sexenio, lo que impedirá que las elecciones ordinarias coincidan con la revocación de mandato.
En medio de la tensión política que existe entre México y Estados Unidos, debido a las imputaciones emitidas contra diez funcionarios de Sinaloa por su presunta vinculación con una red de narcotráfico ligada a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, también logró pasar la reforma en materia de injerencia extranjera.
La reforma constitucional fue impulsada por el diputado morenista Ricardo Monreal y se avaló en lo general con 307 votos a favor, 127 en contra y una abstención.
Monreal ha expuesto que la iniciativa tiene como objetivo proteger y fortalecer la soberanía nacional, para garantizar que los procesos electorales mexicanos se realicen sin presiones extranjeras que puedan influir o alterar la voluntad popular. La reforma incluye modificaciones al artículo 75 de la ley electoral para que se reconozca la intervención extranjera como causa para cancelar elecciones.
Tras la aprobación de las reformas en San Lázaro, el dictamen fue turnado al Senado de la República para su discusión y posible ratificación. Se espera que la Cámara Alta se reúna a discutir las iniciativas de reforma el 28 de mayo, dentro del periodo extraordinario convocado en el Congreso de la Unión.