Estados Unidos avanza en silencio pero con paso firme en los procesos judiciales contra algunos de los capos más poderosos del narcotráfico mexicano. Nueve de los quince líderes criminales extraditados o expulsados desde México en el último año se encuentran negociando acuerdos de culpabilidad con la justicia estadounidense, con el objetivo de reducir sus condenas o recibir condiciones de reclusión más favorables.
Para el gobierno de Donald Trump, estos pactos representan una doble victoria: aseguran sentencias sin los costos y tiempos de un juicio con jurado, y al mismo tiempo convierten a los capos en potenciales informantes o testigos para fortalecer nuevas investigaciones, aplicar sanciones financieras o incluso retirar visas a funcionarios y empresarios relacionados con redes criminales.
Los casos más avanzados son los de Ovidio Guzmán López y Ismael “El Mayo” Zambada, figuras centrales del Cártel de Sinaloa.
Ovidio, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, cambió su declaración de inocencia por la de culpabilidad el 11 de julio ante la jueza Sharon Coleman, en una corte de Chicago. Acordó colaborar con las autoridades estadounidenses a cambio de una posible reducción de su sentencia, que será dictada el 9 de enero de 2026.
Por su parte, El Mayo Zambada hizo lo mismo el pasado 25 de agosto, frente al juez Brian Cogan en Nueva York. Aceptó cargos de narcotráfico y admitió haber corrompido a funcionarios durante décadas. Su defensa busca que, pese a enfrentar cadena perpetua, cumpla su condena bajo condiciones menos severas que las impuestas a otros capos como El Chapo Guzmán o Genaro García Luna. La revisión final de su sentencia está prevista para el 13 de enero.
Entre quienes aún discuten los términos de sus acuerdos destacan Joaquín Guzmán López, hermano menor de Ovidio, quien se entregó voluntariamente en Texas y ha permanecido en un centro reservado para potenciales testigos colaboradores. Su próxima audiencia será el 13 de noviembre, también ante la jueza Coleman.
Días después, el 19 de noviembre, comparecerá Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”, exlíder del Cártel de Juárez, cuyo equipo legal lleva tres meses negociando con fiscales de Nueva York una salida alterna al juicio.
En diciembre continuarán las audiencias en cortes federales de Nueva York y Washington D.C., con la comparecencia de Carlos Algredo Vázquez, presunto proveedor de precursores químicos para el CJNG, y Jesús Guzmán Castro “El Chuy”, señalado como lugarteniente del Cártel de Sinaloa.
Tres miembros más del Cártel Jalisco Nueva Generación también se preparan para cerrar acuerdos a inicios de 2026:
Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, el 21 de enero.
Antonio Oseguera Cervantes, hermano de “El Mencho”, el 16 de enero.
Erick Valencia Salazar “El 85”, cofundador del CJNG, el 28 de enero.
En contraste, los antiguos jefes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales (“El Z-40” y “El Z-42”), no han mostrado interés en llegar a un acuerdo. Ambos han contratado hasta seis firmas legales para revisar miles de pruebas y grabaciones que forman parte del expediente en su contra. Su próxima audiencia ante el juez Trevo McFadden será el 1 de mayo, en Washington D.C.
Tampoco hay señales de negociación en los casos de Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, ni de Servando Gómez Martínez “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios.
Caro Quintero enfrenta uno de los juicios más emblemáticos por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, y volverá a corte el 19 de marzo de 2026. La Tuta, en cambio, tendrá su primera audiencia el 9 de diciembre en Manhattan.
Fuentes consultadas entre ellas un exfuncionario del Departamento del Tesoro estadounidense— aseguran que estos acuerdos no solo buscan condenas rápidas, sino también información valiosa.
“Cada capo que acepta colaborar se convierte en una fuente de inteligencia financiera y política”, explicó. “Esa información sirve para congelar cuentas, sancionar empresas mediante la OFAC e incluso retirar visas a políticos o empresarios ligados al crimen”.
De hecho, la agencia Reuters reportó en octubre que más de 50 exfuncionarios y políticos mexicanos perdieron sus visas en septiembre, y el propio embajador de EE.UU. advirtió que la cancelación de visas es una medida discrecional que se aplica cuando hay indicios de vínculos con el crimen organizado o riesgos a la seguridad nacional.
Con estos procesos en marcha, Washington busca no solo castigar a los grandes capos, sino también aprovecharlos como piezas estratégicas en su ofensiva judicial, diplomática y financiera contra el narcotráfico mexicano.
