Un juez federal rechazó el amparo interpuesto por la defensa del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal. Con la solicitud se buscaba detener la vinculación a proceso que se le dictó por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y en materia de hidrocarburos.

Jorge Adrián Cruz Flores, juez tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, dictó la sentencia el 22 de junio, en la que se confirmó la vinculación a proceso que se le dictó al exmarino en octubre de 2025 bajo la causa penal 325/2025. Desde entonces, Farías Laguna permanece en prisión preventiva oficiosa.

La defensa del vicealmirante, encabezada por Epigmenio Mendieta, informó que realizó el trámite de un recurso de revisión, que será resuelto por un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.

Mendieta señaló que, en dicho recurso de revisión, afirmó que el juez federal que vinculó a proceso a Farías Laguna “es incompetente” para conocer el caso, pues el vicealmirante cuenta con fuero militar. No obstante, el juez nunca realizó un análisis con el que pudiera determinar si le correspondía o no a él llevar dicho caso.

El abogado agregó que ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la sentencia identificaron una “orden, instrucción, autorización o acto concreto realizado personalmente por Manuel Roberto Farías Laguna que permita atribuirle funciones de administración, dirección o supervisión dentro de la supuesta organización delictiva”.

Aseguró que el Juzgado de Distrito se limitó a reproducir la narrativa que construyó la FGR, sin asegurarse de si existían datos de prueba racionales e individualizados que pudieran identificar el auto de vinculación a proceso.

Por otra parte, afirmó que la acusación en contra del vicealmirante Farías Laguna derivó de las referencias a la jerarquía que tenía dentro de la Secretaría de Marina, sus relaciones laborales, localizaciones, así como vínculos familiares; sin embargo, nunca se incluyeron pruebas directas que acrediten su participación en la red de huachicol fiscal y en los otros delitos a los que se le relacionó.

“La sentencia otorgó un alcance indebido a la carta atribuida a Fernando Rubén Guerrero Alcántar, tratándola como si constituyera una imputación directa”, expuso Mendieta. En 2024, el contralmirante Guerrero denunció la corrupción dentro de la Secretaría de Marina, antes de ser asesinado en noviembre del mismo año.

Guerrero Alcántar reveló que diversos integrantes del mando naval, empresarios y autoridades participaron en el tráfico clandestino de combustible, con el que generaron ganancias millonarias. La red operaba a través de sobornos relacionados con la evasión de impuestos mediante la entrada ilícita de hidrocarburos.

Tras la denuncia y asesinato de Guerrero, el 2 de septiembre el vicealmirante Farías Laguna fue detenido durante un operativo federal y actualmente se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.