La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó a familiares de personas desaparecidas que requerirá al menos siete meses más para concluir el análisis e identificación de los casi mil 600 hallazgos recuperados durante las jornadas de búsqueda realizadas en la zona del antiguo Lago de Chalco, entre la alcaldía Tláhuac y el municipio de Chalco, Estado de México. La estimación fue presentada durante una reunión privada celebrada el pasado 10 de julio con colectivos de búsqueda, quienes calificaron los avances como insuficientes y manifestaron su preocupación por la lentitud del proceso.
Durante el encuentro, la Fiscalía informó que, hasta el momento, únicamente ha logrado establecer de manera preliminar que parte de los restos corresponde a cuatro personas: un hombre adulto, una mujer adulta y dos menores de edad. Ninguna de ellas ha sido identificada, ya que aún deben concluirse los estudios de antropología física, odontología forense y genética, además de la confronta con bases de datos de personas desaparecidas.
Jacqueline Palmeros, fundadora del colectivo Una Luz en el Camino y madre buscadora de Jael Montserrat Uribe Palmeros, aseguró que el informe presentado por las autoridades fue parcial y dejó más dudas que respuestas.
“Nos presentaron resultados parciales de los más de mil 600 hallazgos registrados en Tláhuac-Chalco. Desgraciadamente no nos presentaron nada concluyente porque no han podido terminar y, como lo hemos recalcado muchas veces, la Fiscalía no cuenta con los elementos suficientes para hacer todo el proceso de identificación que necesitamos”, declaró al concluir la reunión.
La activista explicó que las autoridades les notificaron que será necesario esperar alrededor de siete meses para contar con un informe completo sobre todos los restos recuperados durante las jornadas de búsqueda efectuadas en abril, por lo que los resultados finales podrían conocerse hasta principios de 2027.
Otro de los reclamos de las familias fue la falta de claridad en el número total de hallazgos. De acuerdo con Palmeros, durante las búsquedas los colectivos contabilizaron más de mil 600 fragmentos y restos; sin embargo, en la reunión las autoridades hablaron primero de alrededor de mil 50 y posteriormente de 995 elementos, al señalar que una parte de los materiales inicialmente considerados restos humanos correspondían en realidad a piezas de cerámica y plástico. Esta diferencia en las cifras generó incertidumbre entre los familiares.
“Eso pone en tela de juicio el profesionalismo de las personas que trabajan en periciales. Al inicio estaban seguros de que se trataba de restos óseos y cuando procesan el material en laboratorio dicen que muchos eran cerámica y plástico. Son aspectos que vuelven a revictimizar y nos dejan confundidas a las familias”, afirmó Palmeros.
Las familias también cuestionaron que durante la reunión no se presentaran los resultados de las muestras de agua y tierra obtenidas durante las jornadas de búsqueda ni avances del análisis de contexto que las propias autoridades habían prometido elaborar para comprender el fenómeno de las desapariciones en esa zona de la capital.
Además, denunciaron que la Fiscalía reconoció la falta de personal especializado para atender un caso de esta magnitud. Palmeros insistió en que la institución requiere contratar más antropólogos físicos, odontólogos forenses y genetistas para acelerar la identificación de restos humanos.
“Necesitamos resultados, no palabras, no que nos muestren diapositivas a medias y que cuiden el aspecto revictimizante”, expresó la madre buscadora.
El caso comenzó en abril de 2026, cuando colectivos de búsqueda localizaron numerosos restos óseos durante una jornada en la zona lacustre ubicada entre Tláhuac y Chalco. A partir de ese hallazgo, la Fiscalía capitalina, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y diversas dependencias federales y locales desplegaron un operativo de búsqueda por patrones considerado uno de los más amplios realizados en la capital.
En un primer balance difundido el 13 de abril, la Fiscalía informó que habían sido explorados más de 168 mil metros cuadrados, de los cuales poco más de 41 mil correspondían a superficie terrestre y más de 127 mil a zona lacustre. En esa etapa inicial se localizaron 317 elementos óseos que, de acuerdo con los análisis preliminares, podrían corresponder al menos a tres individuos. En los trabajos participaron 415 servidores públicos, 22 familias buscadoras, personal de la Comisión de Búsqueda, así como elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras dependencias.
Conforme avanzaron las labores, el número de hallazgos aumentó de forma considerable hasta acercarse a los mil 600 elementos, convirtiéndose en el mayor hallazgo de restos humanos registrado durante la administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
La Fiscalía ha explicado que el proceso de identificación requiere una revisión individual de cada fragmento para determinar si corresponde a restos humanos, establecer su temporalidad, reconstruir anatómicamente las piezas cuando sea posible, definir el número mínimo de personas representadas y obtener perfiles genéticos que posteriormente serán confrontados con familiares de personas desaparecidas registrados en las bases de datos oficiales.
Para los colectivos de búsqueda, el tiempo adicional solicitado por la Fiscalía evidencia las limitaciones estructurales de los servicios periciales frente a la crisis de desapariciones que enfrenta la Ciudad de México. Las familias insistieron en que continuarán vigilando el desarrollo de las investigaciones y exigirán que se fortalezcan las capacidades forenses para evitar que los restos permanezcan años sin ser identificados.
