El Senado de la República aprobó este martes 9 de diciembre una reforma al Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante modificaciones a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo otorgando a la autoridad fiscal la facultad de impugnar decisiones judiciales adversas, incluidas sentencias de tribunales administrativos que favorezcan a contribuyentes.
La reforma se avaló en lo general con 64 votos a favor y 33 en contra, pero la discusión de las reservas se vio interrumpida luego de que senadores de oposición abandonaron el pleno al detectar que no había quórum suficiente para continuar la sesión. A pesar de la ruptura, la presidencia de la Mesa Directiva convocó a una nueva sesión nocturna en la que, ya con el quórum restablecido, la mayoría oficialista aprobó la reforma en lo particular con 66 votos a favor, 12 en contra y 15 abstenciones.
Quienes impulsaron el dictamen, entre ellos el senador Javier Corral Jurado argumentaron que la modificación responde a la necesidad de armonizar el juicio en materia administrativa, establecer plazos definidos y otorgar certeza a los procedimientos fiscales. Sin embargo, la oposición calificó la reforma como un retroceso y un desequilibrio en favor del Estado.
La senadora María Guadalupe Murguía (PAN) advirtió que el nuevo recurso otorga al SAT la oportunidad de mantener congeladas cuentas bancarias o suspender devoluciones incluso después de que un tribunal haya fallado a favor del ciudadano. “No es una disposición pro persona, sino pro autoridad… es un abuso de poder, terrorismo fiscal” afirmó.
A esta postura se sumó el senador Ricardo Anaya, quien señaló que la reforma abre una nueva oportunidad para que la autoridad vuelva a litigar casos ya resueltos a favor de los contribuyentes, extendiendo litigios y debilitando la protección jurídica del particular.
Un punto adicional que generó fuerte crítica fue la disposición que establece que en materia fiscal no procederá la suspensión del acto reclamado mientras se resuelva la impugnación. Según legisladores de oposición, esto podría dejar a empresas y personas físicas en estado de indefensión durante largos periodos, aún cuando ya hayan ganado una resolución favorable en tribunales. Tras la aprobación nocturna, el dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.
