El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) dio a conocer el 29 de abril una acusación federal en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Chapitos”. De acuerdo con la información, la acusación está basada en los testimonios de integrantes de esta organización, que buscan obtener su libertad o ser considerados testigos protegidos.
En la acusación en contra de Rocha Moya también fueron señalados otros nueve funcionarios públicos, que, de acuerdo con el DOJ, son de alto rango en la política mexicana actual o de sexenios anteriores. Los acusados presuntamente abusaron de sus posiciones de autoridad para facilitar las operaciones de la facción de “Los Chapitos”, la cual está conformada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, quien fungía como líder del Cártel de Sinaloa.
Los otros nueve acusados son: Enrique Inzunza Cázares, senador y exsecretario General de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal Estatal de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía Investigadora de la Fiscalía estatal; Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la Policía Investigadora de la Fiscalía estatal; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal.
Los diez funcionarios públicos fueron acusados de participar en una “conspiración corrupta y violenta de narcotráfico” para lograr importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. Además, fueron señalados de realizar acciones en beneficio del cártel; presuntamente protegieron de investigaciones, arrestos y enjuiciamientos a los líderes de la organización criminal; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército; ordenaron la protección de cargamentos de droga; y permitieron que los miembros del cártel cometiera actos de violencia brutal.
A cambio de las labores realizadas por Rocha Moya y los demás acusados, estos recibieron millones de dólares. Además, se dio a conocer que dicha facción del crimen organizado ayudó a Rocha Moya a ganar las elecciones para la gubernatura del estado en 2021. Según la acusación, los miembros de “Los Chapitos” secuestraron e intimidaron a los rivales del ahora gobernador de la entidad federativa. Debido a esto, Rocha Moya permitió que “Los Chapitos” actuaran con impunidad en Sinaloa.
Participación de “Los Chapitos” en la investigación
De acuerdo con la información sobre este caso, las acusaciones relacionadas con los diez funcionarios mexicanos están basadas en los testimonios de los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de “El Chapo” e integrantes de “Los Chapitos”. Los hermanos presuntamente dieron esta información a las autoridades estadounidenses para convertirse en testigos protegidos, o en todo caso para obtener su libertad.
Los hermanos Guzmán López han colaborado activamente con el Gobierno de los Estados Unidos para obtener beneficios durante sus procesos judiciales. Se tiene conocimiento de que en julio de 2025, Ovidio salió de una prisión de alta seguridad de Chicago, después de que se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada; posteriormente se incorporó al programa de protección de testigos.
Joaquín Guzmán, quien aún se encuentra en prisión después de que se entregó tras el secuestro de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, y que resultó en la detención de ambos, se encuentra en negociaciones para declararse culpable y convertirse también en testigo protegido.
Rocha Moya y su relación con el Cártel de Sinaloa
Esta no es la primera vez que Rocha Moya es relacionado con dicho cártel. Después de la detención de “El Mayo” Zambada, el 25 de julio de 2024, se difundió una carta escrita por el capo, en la que se detalló que había sostenido una reunión con el gobernador de Sinaloa, el mismo día que fue secuestrado por Joaquín Guzmán y detenido en Estados Unidos.
Rocha Moya rechazó categóricamente haber participado en dicha reunión, en la que también se encontraba Héctor Melesio Cuén, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y exalcalde de Culiacán, quien fue asesinado ese mismo día.
Aunque la declaración del capo en su momento no probó nada, sí puso en la mira la gubernatura de Rocha Moya, pues se multiplicaron las denuncias por un presunto narcogobierno en Sinaloa.
Pese a lo presentado por el DOJ, el gobernador de Sinaloa volvió a rechazar mantener vínculos con la facción de “Los Chapitos”. Rocha Moya aseguró que las acusaciones “carecen de veracidad y fundamento alguno”. Mencionó que este era un supuesto golpe directo contra la “Cuarta Transformación” del país, a pesar de que se trata de una acusación federal mediante un proceso formal y estructurado.