La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) renovó su flotilla oficial con la adquisición de nueve camionetas Jeep Grand Cherokee para cada una de las ministras y ministros que integran el máximo tribunal, en un movimiento que ha generado debate público sobre el uso de recursos públicos y la austeridad institucional.
La SCJN informó mediante una tarjeta informativa emitida el 22 de enero que la renovación de los vehículos oficiales responde a criterios de seguridad institucional y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional. Señaló que la decisión contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales y que se realizó conforme a la normatividad interna vigente, específicamente al Acuerdo General de Administración de 2019, que establece la obligación de renovar este tipo de vehículos cada cuatro años o antes si las condiciones de los automotores ya no son seguras.
De acuerdo con la información oficial, cada camioneta tiene un precio de mercado que va de aproximadamente 1 millón 70 mil pesos a 1 millón 777 mil pesos, sin considerar las posibles adecuaciones como el blindaje especializado u otros equipamientos de seguridad adicionales. La SCJN explicó que las unidades anteriores, de modelos de 2019 y 2020, ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, lo que comprometía su operación y, por ende, la protección de los servidores públicos que las utilizan.
La compra de estas camionetas se realizó de manera paralela a la desincorporación de un grupo vehicular más antiguo, con lo que, según la propia Corte, se buscó no generar un gasto mayor para la institución y reafirmar su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el desempeño de la función jurisdiccional.
Este viernes 23 de enero, durante su conferencia matutina desde el estado de Veracruz, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum abordó el tema al ser cuestionada sobre la adquisición de estas camionetas. Sheinbaum aseguró que esta compra representó un ahorro superior a 1,000 millones de pesos para el Poder Judicial de la Federación, al sustituirse un contrato de renta de vehículos por la compra directa de las unidades. Explicó que solicitó información a través de la Secretaría de Gobernación y que, según lo informado por el órgano administrativo de la Corte, este cambio de esquema generó un ahorro significativo. Añadió que corresponde al propio Órgano de Administración del Poder Judicial informar con mayor detalle sobre esta adquisición, los criterios de seguridad y las condiciones específicas que motivaron la sustitución de los automotores.
La renovación de la flotilla se da pocos meses después de que los actuales integrantes de la SCJN asumieran sus cargos el 1 de septiembre de 2025, tras la aprobación de una serie de reformas al Poder Judicial promovidas en 2024 y 2025, y bajo un contexto en el que las instituciones públicas han estado bajo escrutinio sobre sus prácticas de gasto y cumplimiento de políticas de austeridad. La Corte ha insistido en que la renovación de sus vehículos se realizó “en estricto apego a la normatividad interna vigente”.
