Ciudad de México.— Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir la investigación contra líderes de la iglesia La Luz del Mundo por el delito de delincuencia organizada, luego de detectar irregularidades en el cierre del caso y una presunta falta de cooperación con autoridades de Estados Unidos.
La resolución se da tras la impugnación presentada por víctimas y sus representantes legales, quienes lograron revertir el “no ejercicio de la acción penal” decretado por la FGR en diciembre de 2025. Con esta decisión, se reactiva una de las investigaciones más sensibles en torno a la organización religiosa, señalada por presuntos delitos como trata de personas, abuso sexual de menores, producción de pornografía infantil y lavado de dinero.
El fallo fue emitido en el Centro de Justicia Penal Federal en el complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco, donde el juez de control determinó que existían elementos suficientes para continuar con las indagatorias. Entre los factores clave, destacó la falta de colaboración entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, lo que habría debilitado el sustento del caso en territorio nacional.
De acuerdo con las víctimas, la FGR no solo cerró el expediente, sino que además habría omitido activar mecanismos de cooperación internacional, negándose a compartir información relevante con instancias de Estados Unidos. Esta omisión, señalaron, impidió fortalecer las investigaciones en México, pese a que en el país vecino ya existían pruebas y sentencias relacionadas con los hechos denunciados.
En este contexto, víctimas como Sóchil Martín y Sharim Guzmán —sobrevivientes que lograron escapar de la organización— fueron piezas clave en el proceso, al haber testificado en Estados Unidos en contra de Naasón Joaquín García, líder de la iglesia, quien fue sentenciado en ese país por delitos sexuales.
Tras el cierre del caso en México, que generó críticas por un posible intento de otorgar impunidad a los líderes de la organización, la presidenta Claudia Sheinbaum y la titular de la FGR, Ernestina Godoy, habían manifestado públicamente su compromiso de reabrir y agotar las investigaciones. Sin embargo, durante las audiencias, la representación de la Fiscalía defendió el cierre del expediente, lo que fue interpretado por las víctimas como una contradicción a ese compromiso.
A pesar de ello, durante la audiencia más reciente, las víctimas —representadas legalmente por Carlos Escobedo, Dayra Hernández y Miguel Alfonso Meza— lograron que el Poder Judicial ordenara reactivar el caso.
El juez de control, Juan José Rodríguez Velarde, revocó formalmente el “no ejercicio de la acción penal” y ordenó a la FGR retomar la investigación, lo que abre una nueva oportunidad para que las víctimas busquen justicia en México en contra de la estructura de la organización.
El caso también pone en evidencia cuestionamientos sobre el actuar institucional, ya que, según los denunciantes, la Fiscalía habría evitado profundizar en las indagatorias e incluso intentado cerrar el acceso a la justicia para cientos de víctimas, entre ellas menores de edad.
Otro de los elementos relevantes que derivaron en la reapertura fue la falta de coordinación internacional. Según se expuso, la FGR no proporcionó información al consulado de Estados Unidos ni activó mecanismos de colaboración para obtener documentos y pruebas que fueron clave para la condena de Naasón Joaquín García, quien recibió más de 16 años de prisión en ese país. Asimismo, se señaló que autoridades estadounidenses, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tampoco habrían compartido información en diversos momentos del proceso.
La resolución judicial también reabre el debate sobre la independencia del sistema judicial y el papel de los jueces en casos de alto impacto. En este caso, se destacó la actuación del juez como determinante para garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso.
Con la reapertura, las víctimas y sus representantes impulsarán una investigación a fondo contra todos los integrantes de la presunta red delictiva, así como el fortalecimiento de la cooperación binacional, con el objetivo de evitar que el caso quede en la impunidad.
La reapertura del caso representa un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia para las víctimas, quienes han insistido en la necesidad de que las autoridades mexicanas actúen con independencia y coordinación internacional. Además, reabre el debate sobre la actuación de la FGR en casos de alto perfil y su capacidad para investigar redes complejas vinculadas con delitos graves.
Con esta decisión judicial, la Fiscalía deberá retomar las indagatorias, recabar pruebas y establecer líneas de investigación sólidas que permitan determinar responsabilidades dentro de la estructura de la organización religiosa. Mientras tanto, las víctimas confían en que este fallo marque un precedente en la lucha contra la impunidad.
