El 20 de enero, agentes del Servicio de Control de Inmigracion y Aduanas (ICE) detuvieron en Columbia Heights, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, a Adrián Alexander Conejo Arias y a su hijo, Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años, justo cuando regresaban a su casa después de la escuela preescolar. La escena quedó registrada en imágenes y videos que rápidamente se difundieron en redes sociales y medios de comunicación.
Según la versión proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes estaban realizando una operación de inmigración para detener al padre, a quien identificaron como un inmigrante ecuatoriano que vive en Estados Unidos sin estatus legal. El DHS afirmó que el padre intentó evadir el arresto, que habría dejado al niño solo, y que “no se estaba apuntando a un menor”. El DHS también sostuvo que intentó que la madre del niño, que estaba en el interior de la casa, se hiciera cargo de Liam, pero dijo que ella se negó y que finalmente los llevaron juntos al centro de detención.
Contrario a esa narrativa oficial, funcionarios de la escuela, testigos y la comunidad local han señalado una versión diferente: según ellos, los agentes sacaron al pequeño de un vehículo con el motor aún encendido y lo llevaron a la puerta de la casa indicando que tocara para “ver si alguien más estaba adentro”, lo que fue descrito como usar al niño “como cebo” para que alguien abriera. Otro adulto residente en la vivienda ofreció cuidarlo, pero ICE se negó a dejar al menor con esa persona.
El niño y su padre fueron trasladados a un centro de detención para familias en Dilley, Texas, donde permanecen en custodia.
Tanto el niño como su padre tienen un caso de asilo pendiente ante una corte de inmigración, con expediente iniciado en diciembre de 2024, y no contaban con una orden de deportación efectiva en el momento de su detención. Debido a esa circunstancia legal, las autoridades migratorias no podían deportarlos inmediatamente, pero sí mantenerlos bajo custodia mientras se dirime su situación.
El caso de Liam se da en el contexto de un intenso operativo migratorio en el área de Minneapolis, donde agentes federales han detenido en las últimas semanas a al menos otros tres estudiantes menores de edad, provocando inquietud entre familias y líderes escolares sobre el impacto en la asistencia a clases y la seguridad de los niños.
El 27 de enero, el juez Fred Biery de la Corte de Distrito del Oeste de Texas emitió una orden judicial temporal que tiene impacto directo en este caso. El juez prohibió de forma inmediata cualquier intento de deportación o traslado del niño y su padre fuera de la jurisdicción del tribunal, mientras se sigue analizando la legalidad de su detención, para asegurar que sus derechos sean respetados.
El padre también presentó una demanda legal que incluye a altos funcionarios del gobierno federal, como la secretaria de Seguridad Nacional y la fiscal general, argumentando que la detención y las circunstancias que rodean la separación forzada y traslado del niño son ilegales y violan sus derechos.
El caso ha generado debate político y mediático en Estados Unidos y también atención internacional. Grupos defensores de inmigrantes han utilizado el incidente para pedir cambios en las políticas de detención y protección de niños, argumentando que aunque la ley federal permite detener a inmigrantes en proceso de deportación, la detención de menores en estas condiciones pone en riesgo su bienestar físico y emocional.
Del lado oficial, el DHS ha mantenido que la operación apuntaba al padre, que el niño fue mantenido junto a él por razones de seguridad y que se actuó conforme a la ley vigente, aunque las declaraciones sobre “abandono” del menor por parte de sus padres fueron fuertemente cuestionadas por observadores y líderes comunitarios.
Hasta ahora, Liam y su padre siguen bajo custodia en Texas, y la orden del juez los protege de ser deportados o trasladados fuera de la jurisdicción judicial mientras el caso legal sigue su curso.
