Ciudad de México.— La tensión política en el Senado de la República escaló nuevamente luego de que a la senadora Lilly Téllez se le impidiera hacer uso de la palabra para referirse al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado en investigaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo con legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), la intervención de Téllez fue frenada en medio de la discusión en la Comisión Permanente, lo que generó reclamos inmediatos por parte de la oposición, que acusó un intento de silenciar el tema en tribuna. La senadora buscaba abordar las acusaciones que han colocado al mandatario sinaloense en el centro del debate nacional, particularmente tras señalamientos provenientes de autoridades estadounidenses.
En posicionamientos previos y en el marco del mismo debate, Téllez había sido contundente sobre el caso. “Felicito a los Estados Unidos de América por presentar cargos penales contra el gobernador Rubén Rocha. Lamento que la justicia tenga que venir de un extranjero y que la justicia no se haga en México”, expresó la legisladora. Asimismo, advirtió que la situación refleja una crisis institucional en materia de justicia, al señalar que las autoridades mexicanas han sido omisas ante acusaciones de esta magnitud. También insistió en que el Senado no puede ignorar el tema ni bloquear su discusión, al tratarse de un asunto de interés nacional.
“Su padre se avergonzaría de usted por calificar una ocurrencia de una acusación tan grave. Se tiene que expulsar de inmediato al senador de Sinaloa, acusado por narcotráfico.”
El episodio ocurre en un contexto de alta confrontación política, donde el Senado se ha convertido en escenario de constantes choques entre oficialismo y oposición por el caso Rocha Moya. Legisladores panistas han insistido en que el tema debe discutirse abiertamente y con consecuencias institucionales.
La decisión de impedir la participación de Téllez provocó una ola de críticas entre líderes opositores. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, calificó los hechos como una muestra de encubrimiento político y reiteró su exigencia de que Rocha Moya renuncie al cargo. “No es nuevo, lo advertimos durante años”, señaló en posicionamientos públicos, insistiendo en que el caso refleja la gravedad de la situación en Sinaloa.
Por su parte, el senador panista Ricardo Anaya también elevó el tono del reclamo al exigir que el gobernador comparezca ante el Senado para aclarar los señalamientos en su contra. El excandidato presidencial ha sostenido que la Cámara Alta debe actuar con el mismo criterio aplicado en otros casos recientes, subrayando la necesidad de transparencia y rendición de cuentas.
En la misma línea, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, demandó que el Gobierno federal se deslinde de Rocha Moya y permita una investigación sin interferencias. A través de redes sociales, advirtió que el Senado debe actuar con congruencia frente a acusaciones de esta magnitud.
El intento de bloquear la intervención de Téllez se suma a una serie de episodios recientes que evidencian la polarización en el Poder Legislativo. Mientras legisladores oficialistas han defendido que no existen pruebas concluyentes contra Rocha Moya, la oposición ha intensificado su ofensiva política, incluso planteando medidas como la desaparición de poderes en Sinaloa.
El caso ha reconfigurado el debate político nacional, colocando al Senado como epicentro de una disputa que no solo involucra acusaciones judiciales, sino también el control del discurso público y la libertad de expresión en tribuna.
En este contexto, el bloqueo a la participación de Lilly Téllez no solo encendió los ánimos en la Cámara Alta, sino que también abrió un nuevo frente en la confrontación entre Morena y la oposición, que ahora acusa censura y exige que el tema no sea excluido del debate legislativo.
