La Iglesia católica de México expresó este domingo un fuerte rechazo a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice un supuesto proyecto de sentencia que, según la jerarquía eclesiástica, buscaría despenalizar el aborto en cualquier momento del embarazo.
En su editorial dominical “Desde la Fe”, la Arquidiócesis de México acusó al máximo tribunal de “despreciar la vida humana” al enlistar una acción de inconstitucionalidad orientada a eliminar el tipo penal del aborto hasta los nueve meses de gestación, y calificó la eventual discusión del proyecto, que señalan sería el 6 de enero de 2026, como un retroceso moral y social.
La Iglesia afirmó que no existe evidencia pública de la propuesta, cuestionó que carece de bases científicas o estadísticas y señaló que, en la práctica, sería “invasivo de las facultades constitucionales de los congresos estatales” y convertiría el aborto en un derecho absoluto, algo que, según su criterio, no tiene amparo internacional. También argumentó que el proyecto no tomaría en cuenta los riesgos para la salud de las mujeres y señaló el desarrollo del sistema nervioso del embrión a partir de la semana 7 de gestación como elemento de valor ético que no se incluiría en la propuesta.
En contraste con la postura de la Iglesia, organizaciones de derechos humanos y grupos feministas han defendido la despenalización del aborto como parte de los derechos humanos y de salud pública. Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han exigido al Estado mexicano eliminar el delito de aborto del Código Penal y han destacado que la criminalización legal y social representa una barrera importante para el acceso a interrupciones del embarazo de forma segura, especialmente para mujeres y personas con capacidad de gestar en situaciones vulnerables.
En la esfera civil y feminista, colectivos como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) han impulsado estrategias legales y de información para consolidar el acceso al aborto como un derecho, contrastando la perspectiva conservadora con argumentos basados en derechos reproductivos, igualdad y libertad. GIRE y redes de activismo han abogado porque el aborto sea visto como un servicio de salud y no como delito, y han presionado tanto en tribunales como en espacios legislativos para que se eliminen las penas penales y se garantice acceso equitativo en todo el país.
El debate ocurre en un contexto en el que la SCJN ya ha sentado jurisprudencia relevante: en 2023 el tribunal declaró inconstitucional la penalización del aborto, ordenó al Congreso federal eliminar las sanciones penales correspondientes y ha sentado precedente favorable a la ampliación del acceso en varias entidades federativas, aunque la implementación práctica y el acceso efectivo aún presentan desafíos en distintas regiones.
