En una casa de Culiacán, Sinaloa, se encontraba una de las entrañas del terror de los Los Chapitos: un domicilio aparentemente normal que escondía gritos, llantos y desapariciones forzadas.
Ahí, según la Fiscalía General de la República (FGR), la célula del Cártel de Sinaloa mantenía a sus víctimas privadas de la libertad, las interrogaba, las torturaba y desaparecía.
La mañana del 26 de octubre de 2025, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio en Sinaloa dictó una sentencia: ese inmueble de valor estimado en 4 millones 361 mil pesos ya no pudo seguir a disposición del crimen. La medida es resultado del trabajo de la FGR a través de la Fiscalía Especial en materia de Extinción de Dominio (FEMED) y se basa en documentos, testimonios y evidencia compartida con autoridades de Estados Unidos que vinculaban a ese predio con secuestro, tortura y delincuencia organizada.
La propiedad estaba ligada – según informes oficiales – al alias Néstor Isidro Pérez Salas “El Nini”, exjefe de sicarios de Los Chapitos, quien supervisaba su operación antes de ser detenido. Este sitio formaba parte de una red de casas de seguridad que funcionaban como la “zona roja” del grupo: invisibles para el vecindario, letales para quienes llegaban a ellas.
Con la sentencia, el inmueble será transferido al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, una señal de que el Estado recupera, aunque sea simbólicamente, espacios del terror. Habitantes de la colonia cercana relatan cómo vehículos llegaban de noche, escoltados, y cómo en la mañana se retiraban sin rastro, dejando tras de sí un ambiente de miedo silencioso.
Este golpe legal no neutraliza automáticamente la violencia. Pero sí deja una evidencia clara: la impunidad tiene precio y ahora lo paga la propiedad.
